Sentencia N° 1376 Constitucional TSJ 2000: Andrés Antonio Romero y Oswaldo Rafael Díaz vs Concejo Municipal del Municipio Miranda…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Andrés Antonio Romero y Oswaldo Rafael Díaz. La acción se dirigió contra el Acuerdo Nº CMM-NRO 003-96 del Concejo Municipal de Miranda, que imponía restricciones a la actividad económica de los transportistas. La Sala consideró que dicho acuerdo violaba el derecho a la libertad económica de los accionantes, al obligarles a ceder un porcentaje significativo de su actividad lucrativa a sindicatos locales.

En el caso de autos, la sentencia sometida a consulta estimó que el Acuerdo Nº CMM-NRO. 003-96 de fecha 15 de febrero de 1996 -antes transcrito- emanado del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Miranda del Estado Anzoátegui es violatorio del derecho de los accionantes a dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, razón por la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, ordenando la inaplicación a los mismos del referido acuerdo. Al respecto, aprecia esta Sala Constitucional que de conformidad con el acto recurrido, las empresas no domiciliadas en el Municipio Miranda del Estado Anzoátegui que adquieran en ese Municipio material asfáltico, arena o granza, deberán concederle al Sindicato de Transporte de Camiones de Volteo (SINTRACAV) y a la Asociación de Propietarios de Camiones de Carga (APROCAM) como mínimo, el transporte del 50% del material a ser movilizado, estableciendo además multas y arresto por su incumplimiento. Ahora bien, tal y como ha sido expuesto, en el caso de autos los accionantes celebraron con la empresa Constructora Negumar, C.A. contrato para el transporte de asfalto desde el referido Municipio hasta el Estado Guárico, en razón de lo cual, el establecimiento por parte del acto recurrido de las referidas contribuciones, multas y arrestos, limitan el ejercicio de la actividad económica de la referida empresa, en la medida en que la empresa con la cual ellos contrataron el transporte del material asfaltico -Constructora Negumar C.A.- se ve en la imposibilidad de otorgarle más del cincuenta por ciento del material que adquiera, para su transporte. Así las cosas, resulta evidente la lesión del derecho a la libertad económica de las accionantes contenido en el artículo 112 de la Constitución de 1999, correspondiente al artículo 96 de la Constitución de 1961, en razón de lo cual debe ser confirmada la sentencia consultada y así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley CONFIRMA la decisión del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de fecha 10 de junio de 1997, mediante la cual se declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Andrés Antonio Romero, Presidente de la ASOCIACIÓN DE CAMIONEROS UNIDOS DE SARAZA (ASOCAUZA) y Oswaldo Rafael Díaz, de Secretario General de la ASOCIACIÓN UNIDA DE TRANSPORTISTAS DEL DISTRITO ZARAZA (ASOTRANS), contra el Acuerdo Nº CMM-NRO 003-96 de fecha 15 de febrero de 1996, emanado del Concejo Municipal del Municipio Miranda del Estado Anzoátegui. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.