Sentencia N° 1372 Constitucional TSJ 2000: Sergio Octavio Novalinsky Carrasco — La entrega de un vehículo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo interpuesta por Sergio Octavio Novalinsky Carrasco, quien reclamaba la devolución de un vehículo que había sido decomisado en el marco de un proceso penal. La Sala constató que la acción penal había prescrito y que la retención del vehículo vulneraba el derecho a la propiedad del accionante. En consecuencia, se declaró con lugar la acción de amparo y se ordenó la entrega del vehículo al demandante.

Es oportuno recordar, que los hechos y las decisiones relevantes que condujeron a la causa sub júdice, acaecieron durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, hoy derogado. En tal sistema procesal penal, el procedimiento se encontraba dividido en dos fases o etapas, la primera denominada sumario y la segunda llamada plenario. Pues bien, de acuerdo a lo narrado por la parte accionante, - lo cual fue objeto de resumen por parte de esta Sala -, y conforme a los recaudos consignados por ella que corren insertos en el expediente, se trata de una causa penal, cuyo procedimiento se encontraba en la etapa del sumario. Igualmente se aprecia que, en la misma causa, hubo un primer fallo interlocutorio por medio del cual se dictó un auto de detención en contra del ciudadano Sergio Octavio Novalinsky Carrasco, aquí accionante, por la presunta comisión del delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, con relación a lo cual le fue decomisado un vehículo de su propiedad, como medida de aseguramiento ante la presunción de algún ligamen de éste con el hecho punible. Al ser ejercido recurso de apelación, fue revocado dicho fallo por el Superior respectivo, instancia que declaró mantener abierta la averiguación, por haber sido comprobado un hecho punible enjuiciable de oficio cuyo autor se desconoció, razón por la que fue revocada la detención judicial al referido ciudadano y ordenado su inmediata libertad. Junto con esta última decisión, se ordenó remitir el expediente al Juzgado Cuadragésimo Primero de Primera Instancia, tribunal de la causa, a los fines de no retardar el curso del proceso. El 16 de junio de 1999, luego de haber transcurrido cinco (5) años, ocho (8) meses y veintinueve (29) días de haberse cometido el hecho, el Juzgado Tercero Accidental del Juzgado Cuadragésimo Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se abocó al conocimiento de la causa, que en fecha 16 de diciembre de 1996 se había acordado mantener abierta, y declaró Terminada la Averiguación Sumaria, de acuerdo con lo establecido en el ordinal 7º del artículo 206 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, por haber operado la prescripción de la acción penal, mas no se pronunció respecto al vehículo decomisado. Apreciado lo anterior, es obvio el hecho de que el transcurso del tiempo trajo como consecuencia que feneciera para el Estado la potestad de continuar el enjuiciamiento del delito cometido; cualquiera que fuere el resultado de la consulta obligatoria ante el Superior respectivo a la que estaba sometida la anterior decisión, aun en caso de haberse anunciado y formalizado recurso extraordinario de casación, su efecto en el caso concreto sería el mismo. La pena establecida para el aprovechamiento de cosas provenientes del delito, es de tres (3) meses a un (1) año de prisión y la acción penal para su persecución prescribe a los tres (3) años, por disposición expresa del ordinal 5º del artículo 108 del Código Penal. Resulta en actas que el delito en referencia se cometió el 17 de agosto de 1993 y el auto de detención, primer acto procesal que, en la fase del sumario, interrumpía la prescripción de la acción penal, fue dictado el 20 de septiembre de 1996, habiendo transcurrido un lapso mayor que el señalado y, por ende, suficiente para que ella operase. De esto se infiere que la solicitud de entrega del vehículo en cuestión, previa comprobación de la propiedad del accionante, debió proveerse de conformidad y se ha debido ordenar su restitución de manera célere, pues la propiedad sobre el bien mueble se encontraba restringida.

CONFIRMA la decisión emanada de la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 26 de julio de 2000, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada por el abogado SERGIO OCTAVIO NOVALINSKY CARRASCO, contra la omisión de los entonces Juzgados Cuadragésimo Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público, Tercero Accidental del aludido Juzgado Cuadragésimo Primero de Primera Instancia, ambos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y contra el Juzgado Séptimo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; en devolver un bien mueble constituido por un vehículo marca Ford, modelo Bronco, año 1993, placas 017-XKY de la exclusiva propiedad del accionante y ordenó su entrega.