Sentencia N° 1370 Constitucional TSJ 2001: Diego Rafael Pitre Duran, Antonio Diaz… vs Instituto de Previsión Social de las…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por varios ciudadanos contra el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. La Sala concluye que no se violaron los derechos constitucionales de los accionantes, ya que no cumplían con los requisitos de servicio exigidos por la ley vigente al momento de su retiro. La decisión establece que la negativa del Instituto a otorgar la pensión de retiro no constituye un trato discriminatorio, dado que se aplicó correctamente la normativa vigente.

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la consulta que le ha sido requerida y a tal efecto observa: Los accionantes fundamentaron la presente acción de amparo en la supuesta violación de sus derechos constitucionales, por parte del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, al negarse a pagar la pensión de retiro que a su juicio les correspondía por haber cumplido, durante la vigencia de la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del 4 de julio de 1977, los diez (10) años de servicio requeridos por esta normativa para gozar de ese beneficio. Este proceder por parte del referido Instituto se apoya en la circunstancia de que los mencionados accionantes para el momento de su retiro no cumplían el requisito de quince (15) años de servicio exigido por la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del 28 de diciembre de 1989, entonces vigente, para tener derecho a la referida pensión de retiro. De allí que corresponda a esta Sala dilucidar cuál es la Ley aplicable a tales efectos y en este sentido considera oportuno traer a colación lo expuesto por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de diciembre de 1995 (Caso Francisco Tello Pirela), en la cual, acogiendo las afirmaciones del autor Joaquín Sánchez Covisa en su obra “La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, expresó: “Para resolver el punto en cuestión, la Sala estima necesario precisar que (…): El supuesto de hecho de una determinada norma jurídica, sólo se realiza verdaderamente, en el momento preciso en que se consuma su último elemento constitutivo y, por tanto, él - supuesto de hecho- tiene lugar bajo la vigencia de una ley específica. El principio de irretroactividad conduce a que, en aplicación de la regla ‘tempus regit actum’, la ley vigente durante un lapso dado, indique la existencia de los supuestos de hecho verificados bajo su vigencia y las consecuencias jurídicas derivadas de dichos supuestos. c. El momento preciso en que un efecto jurídico se ha producido, esto es, el momento en que ha nacido una obligación concreta a cargo de una persona y a favor de otra –la cual, entonces, habrá adquirido un derecho como consecuencia de un hecho capaz de engendrarlo, según la ley existente en el instante de su realización-, es el de la exigibilidad jurídica de la misma. Por tanto, la producción de una obligación y su ingreso a determinado patrimonio tiene lugar –ante el derecho- en el momento en el cual la obligación se haga jurídicamente exigible. Siendo así, para que un miembro del personal militar profesional pueda gozar del beneficio de pensión de retiro, debe cumplir con cada uno de los elementos constitutivos del supuesto de hecho, entre ellos el de pase a retiro (a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del 04.07.77, y las respectivas reformas de fechas 28.12.89 y 25.08.93), momento en el cual se hace exigible la obligación, y por ende, se adquiere el derecho a tal beneficio”.

REVOCA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 13 de agosto de 1993. Declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos DIEGO RAFAEL PITRE DURAN, ANTONIO DIAZ URRIBARRI, EDUARDO LOPEZ GONZALEZ y NELSON JOSE MORAN ORTEGA, contra el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. Declara que la presente decisión tendrá efectos ex nunc. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.