Sentencia N° 1369 Constitucional TSJ 2000: Claritza DEL Carmen Rodríguez vs Gobernación DEL Estado Barinas

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Fernando Escarrá en representación de Claritza del Carmen Rodríguez contra la Gobernación del Estado Barinas. La Sala determinó que el conocimiento del recurso corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, declarando su incompetencia para conocer del caso. Se ordenó la remisión de los autos a la mencionada Corte para su decisión.

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, oído en un sólo efecto por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. A tal efecto observa: Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Constitución, aun de aquellas inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Carta Magna, ni en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los diversos tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole a éste distribuir entre los distintos órganos las potestades y competencias en que se manifiesta el ejercicio del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso de apelación formulado por el abogado Fernando Escarrá Malavé, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana CLARITZA DEL CARMEN RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada en fecha 15 de marzo de 2000 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante la cual se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la mencionada ciudadana contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS. En consecuencia, ORDENA la remisión de los autos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por corresponderle a dicho órgano jurisdiccional su conocimiento y decisión.