Sentencia N° 1367 Constitucional TSJ 2000: Luis Eduardo Blanco Gedler vs Servicio Nacional Integrado de Administración…
TSJ/SC, Sent. N° 1367, Exp. 00-0753, 10/11/2000 · 10 de noviembre de 2000
Expediente00-0753
Parte actora / solicitanteLUIS EDUARDO BLANCO GEDLER
Parte demandada / contraparteSERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PonenteJOSE M. DELGADO OCANDO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2000-11-10
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por LUIS EDUARDO BLANCO GEDLER, representante de la empresa 8MBA AGENTES ADUANALES C.A., contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. La Sala confirmó la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que había declarado sin lugar la acción de amparo, argumentando que no se evidenció la existencia de un acto administrativo que vulnerara los derechos constitucionales del accionante. Se concluyó que la empresa no había sido suspendida en sus funciones como agente aduanal, lo que hacía improcedente la acción de amparo.
Extracto de la motiva
Narra el accionante en su escrito libelar que su representada, -la empresa 8MBA AGENTES ADUANALES C.A.-, obtuvo la autorización permanente para actuar como Agente Aduanal, mediante Resolución Ministerial nº 1653 de fecha 10 de agosto de 1992, dictada por el entonces Ministerio de Hacienda, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela nº 35.025 de fecha 12 de agosto de ese mismo año. Igualmente, infiere esta Sala del breve y sucinto escrito presentado por el accionante, que con ocasión de la entrada en vigencia de la Resolución nº 2.170 de fecha 3 de marzo de 1993, suscrita por el entonces Ministro de Hacienda, su representada fue suspendida del ejercicio de las funciones que como agente de aduanas desempeñaba, y que tal suspensión cercenó el principio de irretroactividad de la leyes establecido en el artículo 44 de la Constitución de 1961 (ahora artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). La Resolución identificada anteriormente estableció los requisitos que deben cumplir, tanto las personas naturales como jurídicas, para actuar como agentes de aduanas, además de los ya pautados en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento. Ahora bien, en el caso de autos, tal como lo decidió la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, no consta acto alguno que suspenda a la empresa 8MBA AGENTES ADUANALES C.A., del ejercicio de las funciones que le corresponden como Agente de Aduanas, por lo que al no existir el elemento objetivo en la configuración de la lesión constitucional, necesario para la procedencia de la acción de amparo, esto es, cualquier hecho, acto u omisión emanado de los órganos del Poder Público o de los ciudadanos, personas jurídicas o grupos u organizaciones privadas (artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), no puede existir violación alguna de derechos o garantías constitucionales. Además, observa esta Sala que una vez que la señalada Resolución nº 2.170 de fecha 3 de marzo de 1993 adquirió vigencia, la empresa referida solicitó –mediante comunicación nº 20161 de fecha 13 de octubre de 1994- ante la Gerencia de Aduanas del organismo accionado, la respectiva actualización de la firma accionante; solicitud ésta que le fue contestada mediante el oficio nº 00144 de fecha 17 de enero de 1995, en donde se le notificó que para proceder a realizar la actualización solicitada debía remitir a dicha Gerencia de Aduanas una serie de documentos. Es de destacar que, en esta última comunicación, sólo se le exigió a la empresa accionante la consignación de unos documentos, que a juicio de la Gerencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, eran necesarios para efectuar la respectiva actualización, requerimientos que en ningún caso constituye una suspensión del ejercicio de sus actividades como agente de aduanas.
Dispositiva
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 11 de febrero de 1998 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la que se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano LUIS EDUARDO BLANCO GEDLER, en su condición de representante de la empresa 8MBA AGENTES ADUANALES C.A., contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA del entonces Ministerio de Hacienda. Publíquese, regístrese y notifíquese.
Palabras clave
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