Sentencia N° 1366 Constitucional TSJ 2001: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles… vs Corte Primera de lo Contencioso…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia Nº 2001-143 en respuesta a una acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. contra una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró improcedente un amparo cautelar. La Sala consideró que la exigencia de una fianza para el acceso a la justicia representaba un obstáculo y vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que decidió amparar cautelarmente a la accionante, suspendiendo los efectos de la resolución judicial lesiva y la ejecución del contrato celebrado entre Metromara y Siemens.

Argumenta la accionante que el solicitarle la presentación de la fianza según lo dispuesto en el artículo 36 del Código Civil, “representa en definitiva un obstáculo al libre acceso a la justicia y en consecuencia a una tutela judicial efectiva que permita obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo de autoridad de fecha ocho (8) de noviembre de 2000, dictado por la Sociedad Mercantil Metro Maracaibo C.A….”. Igualmente, estima la accionante que al haberle la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo exigido la referida caución “aplicando una normativa infraconstitucional propia de aquellos procesos de contenido patrimonial, supuestos que no se corresponden con el recurso de nulidad que conoce, hace una declaración lesiva pues vulneró el marco específico que le da el ordenamiento jurídico incurriendo en violación constitucional a la seguridad jurídica”. Así, argumenta que la existencia de la referida medida equivale a la existencia en vía judicial del solve et repete el cual ha sido declarado como inconstitucional por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, ello además de lesionar el principio según el cual “la necesidad de acudir al proceso para obtener razón no puede convertirse en daño para el que tiene razón”.

Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena a la Secretaría de esta Sala Constitucional, notifique mediante oficio a la accionante, con el fin de que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de su notificación, informe a esta Sala lo siguiente: .- En que estado se encuentra la apelación que ejerciera en fecha 5 de marzo de 2001, contra la sentencia Nº 2001-43 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de febrero de 2001, la cual igualmente es objeto del presente amparo. Igualmente, si hubiere presentado escritos para fundamentar la referida apelación, deberá consignar ante esta Sala copia de los mismos. .- Indique si la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, -luego de publicada la sentencia accionada- ha dictado alguna decisión en torno a necesidad de que presente prueba de posesión de bienes en el país, o de la constitución de la fianza correspondiente, y en caso de ser afirmativo deberá consignar copia de los autos correspondientes.