Sentencia N° 1353 Constitucional TSJ 2000: Glorys Eleisa Peñalver vs Juez Cuarta de Primera Instancia en lo Penal…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca la decisión del Tribunal Superior Primero Penal que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Tibisay Sanchez y otros. La Sala establece que el Tribunal Superior no debió declarar inadmisible la acción por la ilegitimidad de las partes, dado que existe una sentencia firme que reconoce la legalidad de los actores. Se ordena suspender las medidas de prohibición de enajenar y gravar sobre los inmuebles en cuestión.

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente: 'Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los Procuradores no interpusieron apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.' A la luz de la disposición legal transcrita, se desprende que 'contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación' y, a falta de ésta, 'el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo...'. Se pone de manifiesto, el carácter imperativo que quiso dar el legislador a la revisión obligatoria del fallo dictado en primera instancia. Esto es, que la decisión emitida por el inferior jerárquico, debe ser llevada al conocimiento de su superior, bien en consulta, o en apelación. Así las cosas, el procedimiento de amparo se presenta como un proceso de orden público, el cual, conforme a su texto legal, debe ser breve, eficaz y expedito, en aras de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la seguridad jurídica y la defensa que deben regir en todo estado y grado de la causa, lo cual es posible en virtud del principio conductor de este proceso, cual es el principio de celeridad, tendente al restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida.

1.- REVOCA la decisión dictada por el Tribunal Superior Primero Penal de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 26 de marzo de 1998, objeto de la presente apelación. 2.- ORDENA a la Juez Cuarta de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, suspender las medidas de prohibición de enajenar y gravar, constituidas sobre los inmuebles antes mencionados y dispuestas por la misma. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.