Sentencia N° 1352 Constitucional TSJ 2001: Organización Frutmar, C.A. vs Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN FRUTMAR, C.A. contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SASA) por la omisión en la emisión de permisos fitosanitarios necesarios para la importación de papas. La Sala declaró nula la decisión del Juzgado Primero de Hacienda que había declarado con lugar la acción de amparo, argumentando que dicho juzgado carecía de competencia material para conocer del asunto, el cual debía ser tramitado por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Determinada la competencia de esta Sala para conocer de la presente consulta, corresponde pronunciarse sobre la misma. A tal efecto, observa: El Juzgado Superior Primero de Hacienda declaró con lugar la solicitud de tutela constitucional incoada, con fundamento en la dilación indebida en que incurrió el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA). En consecuencia, ordenó que el señalado organismo expidiera los permisos fitosanitarios solicitados, los que deberían tener una vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha de su expedición. Ahora bien, estima la Sala que el señalado órgano jurisdiccional no se percató de su falta de competencia material para tramitar dicha solicitud, en virtud de que la materia subyacente tras la pretensión deducida en el presente caso es administrativa, por lo que su conocimiento correspondía a los tribunales con competencia en lo contencioso-administrativo general. Así lo expresó esta Sala, en un caso similar al de autos, en sentencia de fecha 13 de junio de 2001. En dicho fallo, se expresó lo siguiente: “Tal afirmación se funda, tanto en la naturaleza jurídica del ente al cual le es imputado el agravio inconstitucional como a la naturaleza del orden jurídico que rige la relación subyacente a la denuncia. Respecto al primer criterio, debe subrayarse que el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) es un ente sin personalidad jurídica propia adscrito al Ministerio de la Producción y Comercio. El mismo fue creado por el Ejecutivo Nacional en el Decretó nº 2064 de 17 de enero de 1992, conforme a la facultad que al Presidente de la República le otorgaba el artículo 190, numeral 12 de la Constitución de 1961 (hoy artículo 236, numeral 11) de administrar la Hacienda Pública Nacional. Dispone el artículo 2° del mencionado Decreto, que su objeto girará en torno al ‘...estudio, prevención, combate y erradicación de las enfermedades, plagas y demás agentes morbosos perjudiciales a los animales, vegetales y pesca, así como a sus productos, subproductos e insumos’. En consecuencia, es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Nacional Centralizada, cuya ‘autonomía’ radica en que el producto de sus ingresos puede destinarse específicamente al pago de determinados gastos, como lo serían los suyos propios (adquisición de equipos, pago de personal, etc.). Del citado artículo 2°, también se colige que su actividad está encaminada a dar satisfacción a un interés general de la cual todos los ciudadanos son beneficiarios, así como que su constitución y funciones las sostiene el Derecho Administrativo (parte del Derecho Público Interno). Habida cuenta, pues, de que las solicitudes respecto de las cuales fue denunciada una presunta omisión lesiva de derechos fundamentales, fueron realizadas sobre la base de la competencia genérica que le otorga a dicho ente su Decreto de creación, cabe concluir que el asunto en cuestión es de orden administrativo, y su conocimiento en sede de amparo constitucional correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud del principio de afinidad consagrado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”. Reiterando los razonamientos antes expuestos, esta Sala estima que el Juzgado Superior Primero de Hacienda carecía de competencia por la materia para dictar sentencia en la presente causa, razón por la cual se debe declarar nula la decisión sometida a consulta.

PRIMERO: Declara NULA la decisión, en consulta, dictada por el Juzgado Primero de Hacienda de 23 de diciembre de 1998, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Germán Salazar, Rafael Salazar Panzarelli y Bernardo Antonio Cubillán Molina, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN FRUTMAR, C.A., contra las presuntas omisiones en que incurrió el SERVICIO AUTÓNOMO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SASA). SEGUNDO: Declara COMPETENTE a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer, en primera instancia, de la acción de amparo constitucional antes descrita, órgano al cual se ORDENA remitir el presente expediente. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.