Sentencia N° 135 Constitucional TSJ 2000: Constructora Paraguachi 77-A vs Miguel Dávila — Consulta de amparo constitucional sobre…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia del Juzgado Superior que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por la empresa 'CONSTRUCTORA PARAGUACHI 77-A' contra un auto que revocó la restitución de posesión. Se argumenta que la revocación fue contraria a las disposiciones procesales, ya que no se cumplió con el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil. La Sala determina que el tribunal inferior extralimitó sus funciones al revocar la medida sin haberla ejecutado previamente.

Una vez analizada la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la cual se declara con lugar la solicitud de amparo constitucional interpuesta por la empresa 'Constructora Paraguachí 77-A, C.A.' contra el auto de fecha 22 de septiembre de 1997, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, esta Sala observa: La sentencia que constituye el objeto de la pretensión de amparo deducida en primera instancia, revocó un interdicto restitutorio otorgado a favor del accionante, por estimar que 'la fianza consignada no es de las exigidas por el Tribunal'. Al efecto, se señala en la sentencia consultada, que el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, dispone que para la revocatoria de los interdictos posesorios se debe cumplir con el procedimiento allí establecido -el cual presupone que la medida haya sido ejecutada- procedimiento este que, en el caso de autos, nunca se cumplió, sino que por el contrario, se dictó la revocatoria con la sola oposición de la parte demanda, sin que ni siquiera se hubiera ejecutado la medida; además observa la Sala, que no podía el Tribunal de la causa estimar que la fianza otorgada era insuficiente, cuando fue ese mismo órgano jurisdiccional el que, en un principio, estimó que la mencionada garantía sí lo era.

Por todas las consideraciones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia consultada, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en fecha 13 de marzo de 1998. Publíquese, regístrese, comuníquese, y devuélvase el expediente.