Sentencia N° 1339 Constitucional TSJ 2000: Yenny Josefina Blanco, Carlos Armando Blanco… vs Servicio Autónomo de Sanidad…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente de amparo constitucional contra la conducta omisiva del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, que no otorgó permisos fitosanitarios necesarios para la importación de papa. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado con lugar la acción de amparo, señalando que se violó el derecho a la libertad económica de los actores. La Sala Constitucional, al revisar la sentencia, confirmó la decisión de la Corte, argumentando que la limitación impuesta por el ente administrativo no estaba fundamentada en una disposición legal y no justificaba la restricción a la actividad económica de los demandantes.

Corresponde a esta Sala conocer en consulta de una sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. A los efectos de la determinación de la competencia, se observa que, de conformidad con el criterio asentado en sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata y caso Domingo Ramírez Monja), esta Sala es competente para conocer de las consultas de las sentencias dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, contempladas en el artículo 35 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así, esta Sala es competente para conocer de la presente consulta, y así se declara. Por lo que atañe al derecho a la libertad económica, el texto constitucional vigente, en su artículo 112, señala que: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social”. De la norma citada, se desprenden claramente los dos aspectos a cuya observancia debe acogerse cualquier limitación al ejercicio de la libre actividad económica: por un lado, está el elemento objetivo, representación del principio de legalidad que rige la actividad de los órganos del Poder Público, y según el cual dichas limitaciones deben estar previstas expresamente en la Constitución y las leyes; por otro lado, está el elemento teleológico, que obliga a fundar las limitaciones en el bienestar de la sociedad o interés social. En el presente caso, según lo comprobó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y así lo reflejó en la sentencia consultada, adoptando un criterio que esta Sala comparte, la actividad del SERVICIO AUTÓNOMO DE SANIDAD AGROPECUARIA (S.A.S.A.) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA (no expedir los permisos fitosanitarios solicitados por los accionantes en cumplimiento de la normativa aplicable), no estuvo apegada a los dos elementos que necesariamente debe poseer una legítima limitación al ejercicio de la libre actividad económica. Ciertamente, en primer lugar, no quedó en evidencia la facultad legal del órgano administrativo para realizar la limitación denunciada; y, en segundo lugar, no se comprobó la existencia de una situación respecto del producto a importarse, que comportara un peligro para la salud pública y que por ende justificara la limitación. En consecuencia, esta Sala considera ajustado a Derecho el fallo sometido a consulta, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 28 de mayo de 1999. Publíquese y regístrese. Remítase copia de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.