Sentencia N° 1334 — Sala Constitucional del TSJ, 6 de agosto de 2025

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta en relación a una acción de amparo constitucional. Se declaró competente para conocer del caso y se confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero que había admitido la acción de amparo, considerando que se había violado el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. La sentencia anuló la decisión anterior y ordenó la reposición de la causa al estado procesal anterior al acto írrito.

Que “el tribunal agraviante se apartó de su deber de garantizar la paz social que debe mantener en todo proceso y en la resolución del conflicto que le fue sometido a su conocimiento emitió un fallo injusto, pues decidió sin ser [el accionante] llamado para exponer [sus] alegatos, defensas y pruebas; violentando [su] derecho a la tutela judicial efectiva.”. Que “la ciudadana MIREYA LISSET CORDERO solicita se declare la ‘sanción de caducidad por inactividad… después de practicarse el embargo sin impulsarse su ejecución… quedando libres los bienes embargados’. Sin embargo, al inicio de su escrito de fecha 03-07-2024, el apoderado judicial (…) hace referencia a una medida preventiva de embargo (…). Al respecto, el tribunal agraviante (…) expresa que la medida que se ordena levantar se trata de una MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVA de fecha 18/02/2023, la cual no existe. Esta circunstancia, constituye un exceso de jurisdicción”. Precisada la admisibilidad de la presente acción, pasa este Juzgado Superior a pronunciarse sobre si, en el caso bajo estudio, se refiere a la resolución de un punto de mero derecho y, a tal efecto, observa: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 993 de fecha 16 de julio de 2013, ratificada en el fallo N° 1212 del 26 de octubre de 2015 y en sentencia de más reciente data N° 981 de fecha 27 de julio de 2023; ordenó la publicación íntegra del referido fallo en Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se indicó lo siguiente: ‘Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, lo siguiente: que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella.’, de cuya motiva se destaca: Por lo tanto, la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: ‘[t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso’. Sin embargo, en los casos en los cuales se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, la Sala estableció que la falta de comparecencia a la audiencia oral del Juez o de los Jueces que dictaron la sentencia considerada como lesiva no significa la aceptación de los hechos, toda vez que el pronunciamiento judicial adversado se basta por sí solo para contradecir los alegatos plasmados en la solicitud de amparo, por lo que el derecho a la defensa de dichos funcionarios judiciales, en este supuesto, no se encuentra cercenado. Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.

1.- COMPETENTE para conocer de las apelaciones ejercidas. 2.- SIN LUGAR las apelaciones ejercidas contra la decisión dictada el 8 de enero de 2025, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en el asunto KP02-O-2024-000148. 3.- CONFIRMA la decisión del a quo que declaró procedente in limine litis la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano Jesús Alberto García Sánchez.