Sentencia N° 1333 Constitucional TSJ 2001: Froilan Alberto Morales Perez, Lucy Irama… vs Comisión de Emergencia Judicial, Decreto…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por varios funcionarios del Poder Judicial contra la suspensión de sus cargos. La Sala decidió terminar el procedimiento debido a la falta de comparecencia de los accionantes en la audiencia constitucional, considerando que el acto denunciado no afecta el orden público constitucional. La decisión se fundamenta en la importancia de la audiencia y la necesidad de garantizar el debido proceso.

Vista la reincorporación de los Magistrados Principales Iván Rincón Urdaneta y Antonio García García, esta Sala pasa a decidir, y a tal efecto observa: Consta en el acta levantada el día de la celebración de la audiencia constitucional que, a pesar de haber sido abierta la sesión en presencia de la totalidad de los Magistrados que integran la Sala, no compareció la parte accionante. Solo comparecieron el abogado José Manuel Muñoz Rodríguez, quien presentó un poder que lo acredita como representante judicial de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, las abogadas Griselda Downing La Riva y Josefina Patiño, representantes de la Inspectoría General de Tribunales y la abogada Alicia Monagas en su carácter de Fiscal del Ministerio Público. Ahora bien, visto que esta Sala ha establecido que la falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, ello en razón de la importancia que reviste la audiencia constitucional, en la cual se plasman las características esenciales del juicio de amparo, como son la oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad y ausencia de formalismos, consagrados en el artículo 27 de la Carta Magna (a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, en cuyo caso podrá inquirir sobre los hechos alegados en un lapso breve, conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según los cuales cuando se encuentre involucrado el orden público, el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias); y siendo que del estudio del expediente se ha podido constatar que el acto denunciado no afecta el orden público constitucional, debe declararse por tanto terminado el procedimiento. Así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO de amparo constitucional incoado por los ciudadanos Froilan Alberto Morales Perez, Lucy Irama Corro Requena, Angela Lopardo Bellomo, Antonio José Ramos Mendoza y Herta Graciela Gorrin Machillanda, funcionarios adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, asistidos por el abogado Carlos Zurita de Rada, en contra: 1) el acto de suspensión del cargo que venían desempeñando en el Poder Judicial, dictado mediante Resolución del 9 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.870, el 14 de enero de 2000, emanada de la Comisión de Emergencia Judicial, actualmente Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial; 2) contra el Decreto de Reorganización del Poder Judicial, artículo 5, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.722, el 25 de agosto de 1999; 3) contra el Inspector General de Tribunales; y 4) contra dos funcionarias adscritas a dicha Inspectoría de nombres Fabiola Uzcátegui y Alida Pulido de Noda. El dispositivo de este fallo fue recogido en acta y suscrito por todos los jueces que integraron la Sala, y siendo el presente una extensión de la misma, puede ser suscrito por jueces distintos a los que la suscribieron. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.