Sentencia N° 133 Constitucional TSJ 2000: Orlando Cándido De La Paz López — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Orlando Cándido De La Paz López. La Sala argumenta que los apoderados del actor no demostraron su legitimidad al no presentar el poder correspondiente, lo que llevó a la inadmisibilidad de la acción. A pesar de esto, la Sala señala que la decisión debió ser de improcedencia en lugar de inadmisibilidad, ya que se entró al análisis del fondo del asunto.

Como quiera que el único argumento de la parte actora se circunscribe a la denuncia relativa a la contradicción presuntamente existente en los considerandos tercero, quinto con el sexto de la decisión objeto de la presente apelación, pasa la Sala a analizar el contenido de los mismos y a tal efecto observa: Si bien es cierto que el fallo in comento en su dispositivo tercero plantea la posibilidad de que la ilegitimidad del apoderado del acusador pueda ser opuesta por la defensa como una excepción dilatoria dentro del proceso por no tener las cualidades requeridas para ejercer poderes en juicio o por no tener la representación que se atribuía, conforme a las normas del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, de la propia redacción de dicho dispositivo así como de los dispositivos Quinto y Sexto se desprende clara e indubitablemente que la voluntad del decisor estuvo dirigida a afirmar que tal circunstancia no impedía el ejercicio de la facultad del juez de inadmitir in limine la acusación y la apelación propuestas por los representantes del hoy accionante, por estimar que no acreditaron en su debida oportunidad, el documento poder que los facultaba para actuar en nombre de éste. En efecto, en los mencionados considerandos se lee textualmente: TERCERO: “..., que tal declaratoria no cercenó en forma alguna el derecho de los pretendidos acusadores, pues, si éstos aspiraban representar al ciudadano CANDIDO DE LA PAZ LOPEZ, obviamente debían consignar en el expediente contentivo de la causa, el poder que según ellos, le fue conferido por este último y subsanar así el vicio que representaba dicha omisión, pues, el no hacerlo les impedía actuar en el proceso por sí solos. QUINTO: …“no fue el ciudadano ORLANDO CANDIDO DE LA PAZ LOPEZ quien presentó la querella, ni pretendió apelar de la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, que declaró terminada la averiguación, sino que los ciudadanos SIMONE Y BENNY PALMERI, quienes no demostraron oportunamente mediante la consignación del respectivo poder, ser efectivamente los apoderados judiciales de aquel”. SEXTO: ...“que los tribunales anteriormente mencionados, a criterio de esta Corte de Apelaciones, no actuaron fuera de su competencia, ni dictaron ninguna decisión que lesionara algún derecho constitucional, debe declararse INADMISIBLE la presente solicitud de Amparo Constitucional”.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Miranda, en fecha 30 de noviembre de 1999, objeto de la presente apelación. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal remitente.