Sentencia N° 1327 Constitucional TSJ 2000: Sermes Oswaldo Figueroa Lopez vs Inversiones THE HILLS., C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la solicitud de amparo constitucional interpuesta por Sermes Oswaldo Figueroa López y Gustavo Adolfo Burkle Carrasco contra la actuación del Fiscal Quincuagésimo Sexto del Ministerio Público. La Sala determinó que no tiene competencia para conocer la acción de amparo, ya que corresponde a un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. La decisión se fundamenta en la falta de competencia del Tribunal Supremo para conocer de acciones de amparo contra fiscales del Ministerio Público.

La solicitud de amparo constitucional interpuesta ha sido dirigida contra la actuación realizada por el ciudadano Fiscal Quincuagésimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Dr. Oswaldo Domínguez. Establece el artículo 1º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo siguiente: “El Ministerio Público velará por la exacta observancia de la Constitución y de las Leyes, y estará a cargo y bajo la dirección del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por órgano de los demás funcionarios auxiliares que se determinan en esta Ley”. En este sentido el Título III de la referida Ley, referente a la organización del Ministerio Público, establece que el mismo está integrado por el Fiscal General de la República, los Fiscales del Ministerio Público “...y los demás que señale la Ley”, señalando en cada caso los deberes y atribuciones de dichos funcionarios. El Ministerio Público concurre en el cumplimiento del deber y de la función constitucional de salvaguardar el Estado Social de Derecho y de Justicia, a lo cual contribuye mediante el desarrollo del cometido que constituye su razón de ser, cual es velar por la “...exacta observancia de la Constitución y de las leyes...”, que le es definido por el propio texto fundamental y la referida Ley Orgánica, y cumple en el ámbito nacional mediante el ejercicio de atribuciones distribuidas conforme a criterios de organicidad, especialidad y territorialidad. Así, tanto el Fiscal General de la República como los Fiscales del Ministerio Público, cumplen atribuciones que derivan de las disposiciones de la referida Ley Orgánica, para lograr el fin fundamental de dicho organismo. El Despacho del Fiscal General de la República tiene su sede en la capital de la República y en cada una de las circunscripciones judiciales es designado un Fiscal Superior y un número determinado de Fiscales cuyas actuaciones son coordinadas y supervisadas por el Fiscal Superior. De esta manera el Ministerio Público cumple su función en todo el territorio nacional mediante la organización, dirección y coordinación de sus recursos organizacionales, humanos y materiales. Sin embargo, aunque con relación al más alto nivel de abstracción dentro de las áreas de gestión del Estado que en conjunto conforman la función de gobierno, puede decirse con propiedad que los Fiscales del Ministerio Público actúan por delegación del Fiscal General de la República, en la realización del cometido que define el área de gestión encomendada a dicha función, no puede aseverarse que tal criterio de delegación prevalezca en cada decisión adoptada y actuación llevada a cabo por cada Fiscal del Ministerio Público, porque en ellos estarían ejerciendo las atribuciones y facultades que les son propias. Asentar lo contrario sería tratar de desvirtuar la realidad y trastocar el orden conceptual que subyace en la definición programática o funcional del Estado, en la conformación de su estructura institucional y en la organización del desempeño de las entidades que la integran. Tal modo de ver conduciría incluso, en el valor ilustrativo de un ejemplo concreto, a comprometer la responsabilidad del Fiscal General de la República, por las consecuencias de cada acto ilícito o culpable, en el significado y alcance que dichos conceptos tengan en lo civil, penal y administrativo, de cada fiscal de Venezuela. Una cosa es la definición de ámbitos orgánicos de competencia a las distintas instituciones del Estado para el cumplimiento de las altas funciones que a éste incumben, y otra, la distribución de facultades y atribuciones en el campo de acción de cada ente para el desempeño cabal de tales funciones.

Con fundamento en las razones que anteceden y las conclusiones que de ellas derivan, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que no tiene competencia para conocer la acción de amparo constitucional ejercida por Sermes Oswaldo Figueroa López y Gustavo Adolfo Burkle Carrasco, contra la actuación realizada por el ciudadano Fiscal Quincuagésimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Dr. Oswaldo Domínguez, la cual consistió en hacerse parte en el referido juicio por resolución de contrato, mediante la consignación en el expediente nº 23.158, correspondiente a dicho proceso, del oficio nº FMP-56-185-oo del 6 de julio de 2000. 2.- Que un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, es el Juzgado competente para conocer la acción de amparo constitucional incoada contra el Fiscal Quincuagésimo Sexto del Ministerio Público de esa Circunscripción Judicial. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase por Secretaría el expediente al Tribunal Distribuidor correspondiente, a fin de que se determine el Tribunal que deberá conocer de la presente causa. Cúmplase lo ordenado.