Sentencia N° 1326 — Sala Constitucional del TSJ, 10 de diciembre de 2024

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Ingrid Anggie Osorio Rojas, representada por el abogado José Luis Vásquez Navarro, contra la sentencia del Juzgado Primero Superior del Trabajo de Mérida. La acción se fundamentó en la supuesta violación de derechos constitucionales relacionados con la tutela judicial efectiva y la protección del trabajo, tras la confirmación de un fallo que declaró sin lugar un recurso de apelación sobre prestaciones sociales. La Sala determinó que existían vías judiciales ordinarias que debían ser agotadas antes de recurrir al amparo, lo que llevó a la inadmisibilidad de la acción.

Que la “(…) sentencia impugnada contradijo, no sólo la reiterada practica forense en igual acción de cobro de prestaciones por antigüedad y otros conceptos laborales, salarios retenidos e indemnización por daños y perjuicios, sino que se desligó de la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, vulnerando los derechos constitucionales a la igualdad, a la justicia, a la preeminencia de la Constitución y sus normas, a la tutela judicial efectiva, al principio finalista (…)”. Que “(…) la sentencia impugnada dej[ó] de realizar un análisis exhaustivo de un posible error de interpretación y le niega la aplicación de normas que están vigentes; produjo el vicio de incongruencia omisiva, así como la vulneración del principio de contradicción, lesivo del derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 21, 26 y 49, de la CRBV (sic) (…)”. (Corchetes de esta Sala). Que “(…) la sentencia impugnada ratifica el interés de establecer un pago disminuido del salario real que devengara la trabajadora actora que era en Unidad de Cuenta a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela los desaparece por una exigua que no es cierta ni real (…)”. Que “(…) la situación que dio lugar a la lesión de orden constitucional que denuncio es la falta de pronunciamiento, por parte del Tribunal Superior del Trabajo, sobre el alcance de la doctrina jurisprudencial aplicable y la interpretación de los artículos 242, 243, 244 del Código de Procedimiento Civil ya que niega los alegatos; suprime el proceso; absuelve la instancia; determina la conducta objetiva de daño de los codemandados contra la trabajadora actora elude protegerla excusándose en la falta de competencia (…)”. Finalmente solicitó que se declare con lugar la acción de amparo, se reivindique a la parte actora, ordenando la anulación del fallo y se dicte nuevo dispositivo corrigiendo las violaciones de normas constitucionales.

Se declara inadmisible la presente acción de amparo constitucional.