Sentencia N° 1310 Constitucional TSJ 2000: Sindicato de Empleados Publicos DEL Instituto… vs Ministro de Educación, Cultura y…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de amparo constitucional interpuesta por el Sindicato de Empleados Públicos del Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria, en contra de la omisión de pronunciamiento del Ministro de Educación, Cultura y Deportes. La acción se fundamenta en la violación de derechos constitucionales por la falta de respuesta a una solicitud presentada el 1º de febrero de 2000. La Sala determina que corresponde a ella el conocimiento del caso, dada la naturaleza de la acción y la competencia establecida por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La solicitud de amparo constitucional interpuesta ha sido dirigida contra la omisión de pronunciamiento del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, respecto a la solicitud que, en fecha 1º de febrero de 2000, le hiciera el Sindicato de Empleados Públicos del Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria, Estado Aragua. En materia de amparo constitucional, y, en particular, respecto al tribunal competente para conocer de las acciones de esta especie, incoadas contra autoridades responsables de llevar adelante las funciones políticas de mayor relevancia, destaca la Sala la norma contenida en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual establece a la letra lo siguiente: “La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.” (Subrayado de la Sala) Dicho dispositivo es claro en que corresponde al Máximo Tribunal de la República (para ese momento la Corte Suprema de Justicia) dar cauce a los pedimentos de amparo formulados contra los hechos, actos y omisiones de dichos órganos en la Sala afín con el derecho o garantía constitucional conculcado. Dicha distribución de competencias ha cambiado de signo a partir de la vigencia de la nueva Constitución, en virtud de que ésta creó en el seno del Máximo Tribunal una sala con competencia específica en materia constitucional y tal como lo aludió esta Sala en su primera sentencia, a la misma le corresponde, en virtud de la aplicación de un criterio institucional y orgánico, y de manera exclusiva, la resolución de las acciones de amparo formuladas contra las máximas autoridades nacionales conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que, tal como se apuntó en el párrafo anterior, era competencia ejercida anteriormente por las diversas Salas de la Corte Suprema de Justicia (ver sentencia de fecha 20 de enero de 2000 caso Emery Mata Millán vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia). En consecuencia, siendo que la presente solicitud de amparo constitucional ha sido dirigida contra la omisión de pronunciamiento del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, corresponde a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de la misma. Así se decide.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA VICTORIA, ESTADO ARAGUA, contra la omisión de pronunciamiento del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, respecto a la solicitud que le fue hecha por el accionante en fecha 1º de febrero de 2000. En consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: Primero: Notificar al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, para que concurra a enterarse del día y hora que fije la Secretaría de esta Sala para la audiencia constitucional, a fin de que exprese los argumentos que estime conveniente en relación con la acción de amparo interpuesta, a cuyo efecto será remitida en anexo al respectivo oficio copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. La ausencia en el acto del titular del referido Ministerio, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas. Segundo: Notificar al Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. También será enviada adjunta al respectivo oficio copia de esta decisión. Tercero: Fijar la audiencia oral para que tenga lugar dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga del presente pronunciamiento. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.