Sentencia N° 1306 Constitucional TSJ 2000: Mercedes Ponce Delgado vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso administrativo de anulación y acción de amparo constitucional interpuesto por Mercedes Ponce Delgado. La Sala determinó su incompetencia para conocer del caso, argumentando que la competencia corresponde a la Sala Político Administrativa, dado que el acto impugnado no fue dictado en ejecución directa de la Constitución. Se ordenó la remisión de los autos a la Sala Político Administrativa para su conocimiento y decisión.

Como punto previo, debe esta Sala determinar su competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación que ha sido ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. A tal efecto observa: El recurso contencioso administrativo de nulidad ha sido ejercido –como se señaló- en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, razón por la cual esta última acción resulta accesoria de aquélla, en el sentido de que la acción de amparo se rige, en lo que respecta a la determinación de la competencia por las normas que regulan a la acción principal (el recurso de nulidad) (V. gr. Sentencia Tarjetas Banvenez de fecha 10 de julio de 1991). Ahora bien, esta Sala Constitucional, en sentencia dictada en fecha 20 de enero del año 2000 (Caso: E. Mata Millán), expresó, respecto a la competencia jurisdiccional para conocer este tipo de acciones ejercidas conjuntamente, lo siguiente: “...Al estar vigente el citado artículo 5°, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración, mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución, y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca. Resultado de la doctrina que se expone, es que las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia que conocen amparos que no se han ejercido conjuntamente con recursos contenciosos administrativos, remitirán a esta Sala las acciones de amparo que venían tramitando, mientras que la Sala Político-Administrativa y la Sala Electoral seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se ejerzan conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o electoral de anulación de actos o contra las conductas omisivas.” (Resaltado de la Sala). En consecuencia, observa esta Sala que, visto lo anterior, en el caso de autos, la competencia para conocer y decidir el recurso de nulidad sub judice, ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional, corresponde a la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, por cuanto si bien el acto impugnado fue dictado con fundamento en el Decreto de Régimen de Transición del Poder Público de fecha 29 de diciembre de 1.999 emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento que constituye su base legal, el acto recurrido es de efectos particulares “no dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución”, cuestión ésta que lo excluye del conocimiento que tiene atribuida esta Sala Constitucional, tanto por lo comentado anteriormente, así como por expresa disposición del Texto Fundamental (V. gr. Artículo 336). Por esta razón, de conformidad con lo establecido en los artículos 259 de la Constitución de la República y en el único aparte del 266 de la vigente Carta Magna, conjuntamente con lo preceptuado en los artículos 42, numeral 12, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordena la remisión de los autos a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por corresponderle a dicho órgano el conocimiento y decisión de la materia. Así se declara.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional por la ciudadana MERCEDES PONCE DELGADO, asistida por el abogado Luis Ortiz Verhookz, contra la decisión dictada por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL en fecha 10 de mayo de 2000. En consecuencia, ORDENA la remisión de los autos a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por corresponderle a dicho órgano jurisdiccional el conocimiento y decisión de la materia. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.