Sentencia N° 1303 Constitucional TSJ 2000: NAYIB AYAACH, JESÚS MARÍA PACHECO, DAVID… vs AES CORPORATION y el Consejo de Defensa de…
TSJ/SC, Sent. N° 1303, Exp. 00-1925, 31/10/2000 · 31 de octubre de 2000
Expediente00-1925
Parte actora / solicitanteNAYIB AYAACH, JESÚS MARÍA PACHECO, DAVID CARDOZO, FELIX MIGUEL ROJAS SERRANO, JOSÉ RODRÍGUEZ, HERNÁN ACOSTA, ZAIDA ALBERTO y CRUZ RAFAEL ROMERO
Parte demandada / contraparteAES CORPORATION y el Consejo de Defensa de la Nación
PonenteJOSÉ M. DELGADO OCANDO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2000-10-31
DecisiónInadmisible
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por un grupo de ciudadanos contra la empresa AES CORPORATION y el Consejo de Defensa de la Nación, relacionada con la compraventa de acciones de la C.A. Electricidad de Caracas. La Sala argumenta que no se establece una relación de causa a efecto entre los hechos narrados y alguna garantía constitucional, lo que es fundamental para la pretensión de amparo. Además, se señala que la acción no puede examinar condiciones de existencia o validez de contratos bajo la justificación de violaciones a derechos constitucionales.
Extracto de la motiva
La nueva Carta Magna, vigente a partir de su publicación original en la Gaceta Oficial nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999 -después de su aprobación por el pueblo mediante referendo del día 15 del mismo mes y año- constituye dentro del ordenamiento jurídico de Venezuela, cuerpo de normas de obligatoria y preferente aplicación por los Tribunales y demás órganos del Poder Público. Dicho texto fundamental, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000, consagra en su Título III los Derechos y Garantías de los cuales goza toda persona. En el presente caso, sin embargo, analizados los planteamientos de la parte actora expuestos en el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, la Sala observa que los mismos no refieren a violación de garantía constitucional alguna. No existe alegato que permita establecer relación de causa a efecto entre los hechos narrados y alguna garantía constitucional, relación que constituye un elemento fundamental de la pretensión de amparo. En efecto, la parte accionante luego de transcribir de manera parcial el artículo 323 de la Constitución vigente, plantea que el Consejo de Defensa de la Nación no se ha reunido “...para establecer cuáles son los intereses estratégicos de nuestro país, amén que no existe ley orgánica respecto que detalle o amplíe esa idea...”. Pretende sobre esa base alegar la trasgresión de norma constitucional por la venta de las acciones de la C. A. Electricidad de Caracas “...sin haber determinado el criterio de estrategia...”. Sostiene que la electricidad es una materia álgida de la seguridad de la nación, por lo que, en su criterio, “...mal podría aprobarse la propiedad de este servicio en manos extranjeras”.
Dispositiva
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por NAYIB AYAACH, JESÚS MARÍA PACHECO, DAVID CARDOZO, FELIX MIGUEL ROJAS SERRANO, JOSÉ RODRÍGUEZ, HERNÁN ACOSTA, ZAIDA ALBERTO y CRUZ RAFAEL ROMERO, asistidos por el abogado Humberto Decarli R., contra la empresa AES CORPORATION y el Consejo de Defensa de la Nación por “...operación de compraventa de acciones de la C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS, hecha mediante la Oferta Pública de Acciones (O.P.A.) por parte de la empresa AES CORPORATION”. Declarada la inadmisibilidad de la acción de amparo solicitada no hay lugar para la medida cautelar demandada, y así se declara. Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
amparo constitucionalcompras de accionesConsejo de Defensa de la Naciónelectricidadinterés nacionalinversión extranjeraderechos constitucionalesseguridad nacional