Sentencia N° 1302 Constitucional TSJ 2000: Alexis Jesús Escalona vs Presidente de la República de Venezuela

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alexis Jesús Escalona, en representación de la Sociedad Mercantil 'IVANIS INVERSIONES S.R.L.', contra el Decreto nº 2832 que prohíbe la fabricación y venta de máquinas de juego. La Sala determina que el tribunal competente es el de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, debido a la naturaleza del derecho de propiedad que se alega como vulnerado por la retención de las máquinas por parte de la Guardia Nacional. Se ordena el envío de los autos al tribunal correspondiente para su conocimiento.

Como punto previo, debe esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa: Como viene señalando esta Sala, la Constitución vigente, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Carta Magna, ni en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los diversos tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole a éste distribuir entre los distintos órganos las potestades y competencias en que se manifiesta el ejercicio del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia. En este sentido, establece el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo siguiente: “También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión. La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad”. (Subrayado de la Sala). La norma jurídica antes transcrita fue interpretada por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos, entre los cuales se debe resaltar el que textualmente expresa que la acción de amparo constitucional, ejercido conforme al artículo 3 de la Ley que lo rige, tiene “por objeto la protección de los derechos y garantías fundamentales menoscabados por los actos, hechos u omisiones derivados de la aplicación de una norma inconstitucional. En otras palabras, la Sala ha entendido que la norma impugnada por inconstitucionalidad obraría como causa, mientras que su aplicación, que constituye ‘la situación jurídica concreta cuya violación se alega’ vendría a ser propiamente el objeto del amparo’”. Por tanto, a juicio de la Sala, lo que vendría a determinar la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocer de esta modalidad de acción de amparo constitucional es –precisamente- el objeto de la acción, esto es, la “situación jurídica concreta cuya violación se alega”, que no es más que el acto, hecho u omisión derivado de la aplicación o ejecución de la norma considerada inconstitucional, conforme a las reglas de competencia que establece la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De esta manera, la competencia para conocer de la llamada “acción de amparo contra norma”, le corresponde a los jueces de primera instancia, de acuerdo con la afinidad con las materias que le han sido asignadas.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el tribunal competente para conocer de la acción de amparo ejercida por el ciudadano ALEXIS JESÚS ESCALONA, actuando con el carácter de Gerente General de la Sociedad Mercantil “IVANIS INVERSIONES S.R.L.”, asistido por el abogado Wilmer A. Oviedo Mujica, contra los presuntos actos de lesión al derecho de propiedad del accionante, consistentes en la retención por parte de la Guardia Nacional de máquinas de juegos, derivados de la aplicación del Decreto nº 2832 de fecha 25 de febrero de 1993, dictado por el ciudadano Presidente de la República de Venezuela publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela en esa misma fecha, es un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, al cual deberán remitirse inmediatamente los autos, por órgano del respectivo Tribunal distribuidor. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.