Sentencia N° 130 Constitucional TSJ 2000: Ramón Henry Soto Reyes vs C.A. Embotelladora Nacional (Depósito…

La Sala Constitucional se pronuncia sobre la admisibilidad de una acción de amparo constitucional interpuesta por Ramón Henry Soto Reyes, representado por Jorge J. Fernández Bastidas, contra una sentencia del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo del Estado Zulia. La Sala determina que el poder otorgado por el demandante es ineficaz, lo que genera incertidumbre sobre la voluntad del agraviado y la representación legal. Por lo tanto, se ordena que se subsanen las deficiencias en el poder dentro de un plazo determinado.

La acción de amparo a que se refiere la presente causa fue ejercida contra la decisión dictada, en fecha 14 de agosto de 1.998, por el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y, por tanto, encuadra en el supuesto de competencia que la Sala estableciera en su decisión de fecha 20 de enero de 2.000. Para decidir la Sala observa: Quien funge como apoderado actor hace valer, como prueba de su representación, un poder otorgado apud acta, en fecha 20 de marzo de 1.996, ante el Juzgado 1° de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. A los efectos de esta causa, el citado instrumento es ineficaz, visto que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, el poder que se otorga apud acta es, precisamente, "para el juicio contenido en el expediente correspondiente". La circunstancia que antecede impide a esta Sala tener la indispensable certeza acerca de la voluntad de quien se señala como parte actora, tanto en lo que concierne a la representación de quien funge como su apoderado, como en lo que toca al ejercicio mismo de la acción. En particular, la incertidumbre acerca de la voluntad del presunto agraviado impide a la Sala formarse criterio acerca de la admisibilidad de la acción, visto que no se sabe a ciencia cierta si cabe atribuir al presunto agraviado los dichos de quien funge como su representante.

ORDENA que, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presunto agraviado, más ocho (8) días que se fijan como término de distancia, o bien el abogado Jorge G. Fernández Bastidas consigne en autos poder eficaz y suficiente para sostener la acción interpuesta, o bien el ciudadano HENRY RAMÓN SOTO REYES ratifique, de ser el caso, las actuaciones practicadas por quien funge como su representante, so pena de no dar curso a la acción ejercida.