Sentencia N° 1298 Constitucional TSJ 2000: María Isabel Fernández de la Ballina vs Dirección de Averiguaciones Administrativas…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una consulta de ley planteada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. Se determinó que la competencia corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dado que la consulta se refiere a una decisión de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala se declaró incompetente y ordenó la remisión de los autos a la Corte correspondiente.

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta de ley planteada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. A tal efecto observa: Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la naturaleza humana que no figuren expresamente en la Carta Magna, ni en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los diversos tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole a éste distribuir entre los distintos órganos las potestades y competencias en que se manifiesta el ejercicio del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer de la consulta de ley planteada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, sobre la sentencia de fecha 5 de septiembre de 1996, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DE LA BALLINA, asistida por los abogados Enrique Sánchez Falcón y Freddy Orlando, contra la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Contraloría Municipal del Municipio Baruta del Estado Miranda; en consecuencia, ORDENA la remisión de los autos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por corresponderle a dicho órgano jurisdiccional su conocimiento y decisión.