Sentencia N° 1295 Constitucional TSJ 2000: DOMENICO CLARA BUTTOZZONI y EVELINA TALARICO… vs Nilvia Villanueva de Venegas

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Domenico Clara Buttozzoni y Evelina Talarico Río contra una sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia. La decisión impugnada había confirmado una sentencia de primera instancia que ordenaba la reposición de un juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales, manteniendo vigente una medida de prohibición de enajenar y gravar. Los accionantes alegaron que esta medida violaba su derecho a la propiedad, previsto en la Constitución.

La ación de amparo constitucional se interpone en fecha 18 de julio de 2000 contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 6 de diciembre de 1999. Es a todas luces evidente que para la fecha en que se presenta el escrito contentivo de la acción de amparo, habían transcurridos siete (7) meses y doce (12) días, por lo que el lapso de seis meses señalado en el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se había cumplido íntegramente. El artículo en referencia establece: "Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo. ...omissis... 4) Cuando la acción u omisión, el acto o resolución que viole el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurridos los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido. El artículo transcrito al establecer la inadmisibilidad de la acción de amparo por el consentimiento expreso o tácito, establece también la excepción, la cual es que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Como lo ha señalado la jurisprudencia, la interpretación literal de esta excepción, podría llevar a la conclusión de que toda la materia de amparo en virtud del artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es de orden público, lo que implicaría que nunca operaría el consentimiento expreso para extinguir la acción, pero tal como lo ha señalado la Sala de Casación Civil: “...De allí que deba interpretarse que la extinción de la acción de amparo por el transcurso del tiempo se produce en todos los casos, salvo que, la forma como se hubiere producido la lesión revista tal gravedad que constituya un hecho lesivo de la conciencia jurídica. Se trataría por ejemplo de las violaciones flagrantes a los derechos individuales que no puedan renunciarse por el afectado: privación de libertad, sometimiento a torturas físicas o psicológicas, vejaciones, lesiones a la dignidad humana y otros casos extremos”.

1.- ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Asdrúbal José Quintero y Ana Josefina Ferrer Quintero, en representación de los ciudadanos DOMENICO CLARA BUTTOZZONI y EVELINA TALARICO RIO, en contra de la sentencia de fecha 6 de diciembre de 1999, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 2.- Se ORDENA la notificación del Juez Titular o encargado del referido Juzgado Superior, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Igualmente se ordena remitir copias certificadas tanto de la presente decisión, así como del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación antes ordenada. 3.- Se ORDENA al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia notificar a la ciudadana NILVIA VILLANUEVA DE VENEGAS, quien es la otra parte en el proceso. Dicho Juzgado debe dar cuenta de lo antes ordenado, de inmediato a esta Sala. Igualmente, notifíquese al Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese y regístrese. Emítase las boletas. Cúmplase lo ordenado.