Sentencia N° 1293 Constitucional TSJ 2000: Anni Ibelice Hernández Sanchez vs Corte de Apelaciones del Circuito Judicial…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo interpuesta por Anni Ibelice Hernández Sánchez, representada por el abogado Jaime Gómez, contra la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, debido a la falta de decisión sobre la apelación de un auto de detención. La Sala consideró que la acción era admisible y que existía competencia para conocer el caso, dado que se alegaba una omisión en la decisión judicial que afectaba los derechos de la accionante. La Sala destacó que la falta de celeridad en el proceso judicial había llevado a un estado de indefensión para la accionante, quien había sido privada de su derecho a un debido proceso y a la defensa. En consecuencia, la Sala decidió admitir la acción de amparo y ordenó la notificación correspondiente a la Corte de Apelaciones para que se fijara una audiencia oral en un plazo determinado. Finalmente, la Sala resolvió que se debía restablecer el orden jurídico infringido y se ordenó la notificación al Fiscal General de la República sobre la apertura del procedimiento, cumpliendo así con lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El apoderado de la accionante manifestó en su escrito contentivo de la acción de amparo, que en fecha 12 de enero de 1997, su representada se vio envuelta en un hecho acontecido en el Sector Los Cocos, Chichiriviche, Municipio Monseñor Iturriza del Estado Falcón; como consecuencia de ello, el Juez del Municipio Chichiriviche le dictó auto de detención el día 16 de septiembre de 1997, por lo que, el 29 de octubre de 1998, su representada fue ingresada al internado judicial de la ciudad de Coro, Estado Falcón. Posteriormente, el 8 de febrero de 1999 el defensor provisorio de ANNI IBELICE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ apeló del auto de detención; dicha apelación fue oída por el juzgado de la causa el 9 de febrero de 1999, y mediante auto ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior Primero en lo Penal del Estado Falcón, a los fines de que conociera de la apelación interpuesta. Así mismo, el accionante expresó que, “desde esa fecha (29 de octubre de 1998) para acá se iniciaron sus padecimientos y martirios, pues, el proceso se convirtió en un vía interminable de trabas, en una cadena de hechos insólitos y en un eslabón de ilicitudes constitucionales e ilegales ...”, puesto que, según expuso el accionante en el escrito presentado a esta Sala, los jueces superiores llamados a conocer la causa, abogados: Lovelia García, Abelardo Coronado y Carlos Latuff se inhibieron y la juez suplente, Elvia Mosquera Salas, se excusó de conocerla por estar en reposo médico. Continúa exponiendo el accionante “... y como si fuera poco, la Corte de Apelaciones del Estado, órgano jurisdiccional donde duerme en paz el expediente, con su remiso proceder, también le ha “brindado” un “trato” degradante e inhumano que se refleja en la falta de prontitud y celeridad en el dictado del fallo correspondiente, escudándose más bien en pueriles sutilezas, aunada la suspensión de una de los miembros principales de la Corte de Apelaciones, a saber la Dra Lovelia de Suárez; la suspensión de su Suplente, y como si fuera poco la prejubilación del Dr. Coronado”. Por lo tanto, según comenta el accionante, su representada se encuentra en un evidente estado de indefensión, “pues por actos imputables al Poder Judicial, específicamente a los integrantes de la Corte de Apelaciones del Estado Falcón, se la ha privado indebidamente de fallar o decidir el recurso que la ley puso a su alcance para hacer valer sus derechos y garantías constitucionales, con la consiguiente violación del derecho a un debido proceso y el derecho a la defensa”. Por último el accionante basándose en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicitó a esta Sala Constitucional “reestablezca el orden jurídico infringido; restituya el derecho a la defensa vilmente violentado; le devuelva la libertad personal de mi representada y restaure la constitucionalidad que ha sido quebrantada declarando con lugar la presente acción de amparo constitucional.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado JAIME GÓMEZ, apoderado judicial de la ciudadana ANNI IBELICE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, contra la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, por la falta de decisión en relación a la apelación interpuesta contra el auto de detención dictado a la mencionada ciudadana, la cual se ADMITE. En consecuencia: 1.- Se ordena la notificación del Presidente o quien haga sus veces de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última de las notificaciones realizadas más el término de la distancia, la oportunidad en que ha de efectuarse la audiencia oral. Igualmente, se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito de acción de amparo adjunto a la notificación antes ordenada. 2.- Se ordena la notificación al ciudadano Fiscal General de la República sobre la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.