Sentencia N° 129 Constitucional TSJ 2001: ALBA ILLARAMENDI ACEVEDO, ADA RAMOS OLIVEROS… — Acción de amparo constitucional contra…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por varios abogados en representación de jubilados del extinto Distrito Federal, quienes alegaron violaciones a sus derechos laborales y a la no discriminación. Los demandantes argumentaron que la aplicación del artículo 9, numeral 2 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, les generaba una situación discriminatoria y les privaba de beneficios laborales.

La Sala encuentra que la pretensión de amparo interpuesta cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Se argumenta que la aplicación del artículo 9, numeral 2 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, implica un desconocimiento a la condición de funcionarios de la Sindicatura Municipal del Distrito Federal, lo que vulnera sus derechos a la no discriminación y a la intangibilidad de sus jubilaciones. La Sala considera que la situación denunciada por los accionantes es de tal gravedad que justifica la admisión de la acción de amparo.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la acción de amparo ejercida por los abogados ALBA ILLARAMENDI ACEVEDO, ADA RAMOS OLIVEROS, JOSE OVIDIO PAZ y LEOPOLDO DELGADO MANZANO, contra el artículo 9, numeral 2 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas. ORDENA: 1.- Notificar de esta decisión al Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano, acompañando al oficio correspondiente copia de la decisión y del escrito de amparo, y haciéndole saber que podrá hacerse presente en la audiencia constitucional, cuyo día y hora serán fijados por órgano de la Secretaría de la Sala, a fin de que exponga lo que estime pertinente acerca de la acción de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. 2.- Notificar al Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.- Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones ordenadas.