Sentencia N° 1284 Constitucional TSJ 2001: Carlos Julio Villarroel — Amparo Constitucional a favor de Carlos Julio Villarroel

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el amparo constitucional interpuesto por Carlos Julio Villarroel, quien alegó violaciones a sus derechos a la defensa y al debido proceso. La Sala constató que no se notificó al acusado sobre el estado de su causa ni sobre la decisión de fondo, lo que vulneró su derecho a la defensa. Se revocaron las decisiones de reenvío y se ordenó notificar al demandante para que designe un defensor.

De las actas del expediente, de la exposición de los respectivos representantes de la parte accionante, accionado y del Ministerio Público, la Sala observa: No consta en autos que la Sala Accidental Primera de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas haya notificado al acusado Carlos Julio Villarroel respecto del estado de la causa que en su contra se seguía en ese Tribunal, ni de la decisión de fondo dictada por el mismo. Visto que el nombramiento del defensor corresponde al acusado y es en defecto del defensor privado –porque el acusado no pueda nombrarlo o porque nombrado no acepte el cargo- que el juez puede nombrar defensor público. Visto que el ciudadano Carlos Julio Villarroel fue representado en primera y segunda instancia por un defensor privado cuyo mandato no consta en autos que haya sido revocado ni que dicho defensor haya renunciado. Tampoco consta en autos la notificación por parte del tribunal de reenvío, al acusado Carlos Julio Villarroel, del nombramiento de un defensor público para que lo represente. Constata la Sala que transcurrieron más de dos años antes de que el Tribunal de Reenvío -por lo demás, ubicado en una circunscripción distinta a aquella donde reside el acusado- produjera una decisión definitiva y que el defensor nombrado por el tribunal no cumplió con ninguno de los actos inherentes al cargo que juró cumplir, la Sala considera que la demanda de amparo resulta procedente por haber resultado vulnerado el derecho a la defensa del demandante Carlos Julio Villarroel, sobre la base de las consideraciones siguientes: El artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal confiere al juez la facultad de determinar cuales son los actos procesales que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente al afectado; al respecto debe concluirse que la sentencia definitiva es de la mayor trascendencia ya que pone fin al proceso, máxime cuando sea una sentencia condenatoria y, en consecuencia, debe ser considerada entre los actos que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente a la parte interesada, sobre todo si -como en este caso- habían transcurrido más de dos años sin que la instancia produjese decisión. La misma trascendencia hay que atribuirle a la decisión del tribunal de proveer un defensor de oficio, cuya incorporación al proceso debe ser conocida con la mayor brevedad por el procesado para que éste pueda decidir si ese defensor es idóneo para la conducción de su causa y, en todo caso, porque la comunicación ab initio entre defensor y asistido constituye un requisito esencial para el efectivo ejercicio del derecho a la defensa. De lo anterior se deriva que la Sala Accidental Primera de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 122, ordinal 3, 134 y 197 del Código Orgánico Procesal Penal, estaba en la obligación de permitirle nombrar “un abogado de su confianza como defensor”, lo que no hizo, pues, unilateralmente, designó un defensor, aún cuando el acusado había sido representado en primera y segunda instancia por un defensor privado designado por él; de lo cual resulta que incurrió en error el Juzgador de Reenvío al nombrar un defensor sin notificar previamente al procesado. Así se decide.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de amparo constitucional interpuesta por los abogados Roberto Delgado Salazar, Juan Carlos Gutiérrez y Orlando Colmenares Tabares en representación del ciudadano CARLOS JULIO VILLARROEL, contra los autos dictados, el 4 y 30 de octubre de 2000, por la Sala Accidental Primera de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y REVOCA las mencionadas decisiones de reenvío, así como la sentencia dictada el 31 de agosto de 2000. Se REPONE la causa al estado de que se notifique a la parte para que designe defensor.