Sentencia N° 1280 Constitucional TSJ 2001: Octavio Rafael Caranama Maita vs Corte Primera de lo Contencioso…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Octavio Rafael Caranama Maita, quien alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la estabilidad laboral tras ser removido de su cargo en la Contraloría General de la República. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado sin lugar su apelación contra la sentencia del Tribunal de la Carrera Administrativa, lo que motivó la acción de amparo.

Una vez asumida la competencia corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la acción de amparo interpuesta y al respecto se observa que la misma está fundamentada en la supuesta violación de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la estabilidad laboral, configurada, según el accionante, cuando la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo emitió el pronunciamiento correspondiente a la apelación ejercida contra la sentencia del 28 de junio de 1999 dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa y, en consecuencia, ratificó el criterio expuesto por dicho órgano jurisdiccional, sin tomar en consideración los alegatos expuestos por el apelante, hoy accionante, en el escrito de formalización del recurso de apelación. En ese sentido, indicó el accionante, que en el referido escrito de apelación, había denunciado la supuesta inconstitucionalidad del acto de remoción dictado por la Contraloría General de la República y los vicios de incongruencia de que adolecía la sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa, consistente en la falta de consideración por parte de dicho órgano jurisdiccional de la cualidad del ciudadano Octavio Rafael Caranama Maita como funcionario de carrera y la aplicación en el régimen funcionarial de lo dispuesto en la Ley de la Carrera Administrativa, alegatos – que señaló- no fueron analizados por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dado que la misma “se negó a oír de manera concreta lo que el apelante alega”. Asimismo, en el capítulo IV de su escrito de amparo, intitulado “DE LA DEMOSTRACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ESTABILIDAD LABORAL DE NUESTRO MANDANTE, NO SOLO POR LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SINO TAMBIEN POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL TRIBUNAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA”, el hoy accionante pretendió demostrar que la violación de sus derechos constitucionales no sólo provenía de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Carlos Alberto Rojas actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano OCTAVIO RAFAEL CARANAMA MAITA, contra la sentencia del 10 de agosto de 2000 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar la apelación interpuesta contra la sentencia del 28 de junio de 1999 dictada por el Tribunal de Carrera Administrativa.