Sentencia N° 1270 Constitucional TSJ 2001: Orlety Piñango González vs Henry Rivas Caripe — La inadmisibilidad de la acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por la abogada Orlety Piñango González en favor de Henry Rivas Caripe, contra la decisión de inadmisibilidad de la acción de amparo dictada por la Corte de Apelaciones. La Sala consideró que la acción de amparo no es supletoria de los recursos ordinarios y que el agraviado había ejercido el recurso de apelación, lo que llevó a la inadmisibilidad del amparo. Finalmente, se declaró sin lugar la apelación y se confirmó la decisión de inadmisibilidad.

Realizada la narrativa, corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto. A tal efecto observa que: La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgado superior al examinar el análisis realizado por el a quo para declarar la admisibilidad o rechazo de dicha solicitud, posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado por aquél. Del análisis efectuado por esta Sala Constitucional sobre el pronunciamiento proveído por la Corte de Apelaciones, objeto de la revisión por vía de apelación, se considera ineludible indicar cuanto sigue. La sentencia apelada fundamentó la inadmisibilidad del amparo, sobre el fundamento de que el presunto agraviado había ejercido el recurso de apelación en contra del fallo atacado en amparo, atendiendo para ello el criterio que al respecto ha venido sosteniendo esta Sala Constitucional. Cabe destacar que esta Sala se permitió transcribir los argumentos expuestos por la Corte de Apelaciones, en el Capítulo I de esta decisión, titulado “Resumen de las actuaciones procesales”. Pues bien, para rebatir lo argumentado por la referida Sala nº 3 de la Corte de Apelaciones, la abogada accionante, en el escrito de apelación, hace particular énfasis en que “si bien es cierto hubo opción por interponer el recurso de apelación, mi representado y ésta defensa desistimos, renunciamos en tiempo hábil y antes de que fuera tramitado y conocido por la Alzada, tal y como quedó asentado en la acción de amparo por la que se optó, pues respetuosamente, éste era mi derecho ya que éste recurso no es de carácter oficioso sino de carácter eminentemente disponible” (subrayado de la Sala). En este orden de ideas, esta Sala Constitucional en la sentencia nº 848 del 28 de julio de 2000, sostuvo que: “Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procesales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se podía restablecer la situación jurídica infringida antes que la lesión causare un daño irreparable, descartando así la amenaza de violación lesiva. Solo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el juez de la alzada, quien además es un protector de la Constitución, del restablecimiento de inmediato de la situación jurídica lesionada. Viene en estos casos, a ser el objeto del amparo, la dilación judicial como un hecho concurrente con la violación ya existente de los derechos y garantías violados por los actos, omisiones o sentencias judiciales, y que consolidan dichas infracciones. Por ello, cuando la parte lesionada ha apelado, hay que esperar que fenezca el lapso señalado por la ley para fallar la apelación, sin que la alzada sentencie, para que así realmente surja el peligro de irreparabilidad de la lesión (por lo indefinido), que aunada a la actitud del juez, contraria a la justicia prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se convierte en otra infracción constitucional que hace procedente el amparo. Pero si la parte ni apela, ni impugna a tiempo los fallos, es porque considera que no hay lesión alguna, que no hay situación jurídica que requiera ser restablecida, y por lo tanto está consintiendo en las transgresiones habidas, tal como lo contempla el numeral 4 del aludido artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (...) Consecuencia de lo expresado, es que el amparo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no obra en sus supuestos como una acción que puede ser utilizada en cualquier momento en que lo considere el actor. Es por ello, que la doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución vigente (artículo 27) otorga a todo aquél a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía, de acuerdo a las diversas fuentes de transgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene.

Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Orlety Piñango González, en su carácter de Defensora Pública Penal Sexagésima Primera de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en favor del ciudadano HENRY RIVAS CARIPE, contra la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo incoada, dictada por la Sala nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el día 27 de abril de 2001. En consecuencia, se CONFIRMA la decisión de inadmisibilidad, contra la cual se interpuso el recurso de apelación. Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Cúmplase lo ordenado.