Sentencia N° 1269 Constitucional TSJ 2001: Richard José Oropeza vs Corte Primera de lo Contencioso… — Declaración de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente de plano la acción de amparo constitucional interpuesta por Richard José Oropeza contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La Sala argumenta que la pretensión carece de los elementos mínimos necesarios para abrir la vía procesal correspondiente, ya que no se evidenció una amenaza real a los derechos del accionante. Además, se concluye que la Corte Primera actuó dentro de sus competencias al interpretar la Constitución y que no se incurrió en vicios de incompetencia.

Examinados como han sido las alegaciones traídas por el ciudadano Richard José Oropeza contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de 25.04.01, esta Sala Constitucional, luego de contrastar las mismas con el régimen jurídico que informa la acción de amparo constitucional y los derechos fundamentales, ha llegado a la conclusión de que la pretensión formulada carece de los elementos de convicción mínimos indispensables para que se abra la vía procesal correspondiente, por lo que pasa a declarar su improcedencia de plano, bajo los motivos que se explicarán seguidamente. En primer lugar, esta Sala estima correctos los argumentos esgrimidos por la decisión impugnada, conforme a los cuales, de las declaraciones de prensa presuntamente emitidas por el Presidente del Consejo Legislativo del Estado Guárico, no podía seguirse una amenaza real y posible de violación de los derechos constitucionales a ejercer el cargo para el cual fue electo y a la estabilidad laboral del accionante. Ello en razón de que no constaba en autos la apertura de un procedimiento administrativo en su contra o cualquier otra circunstancia encaminada a tal fin. Por otra parte, dicha Corte estimó que el alegato según el cual el referido Consejo Legislativo resultaba manifiestamente incompetente para llevar al terreno de los hechos tales amenazas, restaba coherencia a la denuncia, debido a que, de carecer tal órgano legislativo estadal de atribuciones legales para traducir en hechos la supuesta amenaza, mediante el proferimiento de actos administrativos orientados a alterar o poner término a la situación laboral del denunciante, sería imposible que, dentro de los límites de la acción planteada, pudiera alterarse, por esa vía, la situación jurídica del presunto agraviado.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE DE PLANO la pretensión planteada en la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano RICHARD JOSÉ OROPEZA, asistido por el abogado Darío Pérez Rueda, contra la sentencia proferida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 25.04.01, la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Héctor Luna contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central de 22.09.00, la que a su vez había declarado con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el hoy accionante contra el Consejo Legislativo del Estado Guárico. Publíquese, regístrese y comuníquese.