Sentencia N° 1247 Constitucional TSJ 2000: Alfredo Estebanez Doce vs Congregación de Hermanos Menores Capuchinos…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en la que homologó el desistimiento del procedimiento de amparo constitucional interpuesto por Alfredo Estebanez Doce. Este desistimiento fue presentado por sus apoderados judiciales, quienes argumentaron que una decisión previa de la Sala resolvía el punto relativo a la ejecución de una medida de secuestro decretada por un juez que había perdido jurisdicción. La Sala consideró que el desistimiento cumplía con los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En primer lugar, debe esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de acumulación de expedientes planteada por los apoderados de la Congregación de los Hermanos Menores Capuchinos de Venezuela. En efecto, se ha solicitado la acumulación de la presente causa con las seguidas en esta Sala Constitucional bajo los expedientes números 00-542 y 00-703. Sin embargo, dicha solicitud debe ser negada, por cuanto, en fechas 19 de mayo y el 26 de julio del año 2000 respectivamente, fueron dictadas sentencias en los expedientes en cuestión. Decidido lo anterior, la Sala observa que, el 26 de mayo de 2000, los abogados Alejandro Amaral Gómez y Elimar Uribe Jaimes, obrando con el carácter de apoderados del actor, manifestaron su voluntad de desistir del presente proceso, en los términos siguientes: “En virtud de la decisión de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil (2000) con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera (Exp.703-00), conforme a la cual resuelve plenamente el punto relativo a la ejecución de una medida de secuestro decretada por un Juez falto de jurisdicción, consignamos en este acto copia simple de la mencionada decisión a fin de acatarla y en consecuencia desistimos del presente proceso”. Vista la manifestación de voluntad presentada por los representantes judiciales del accionante, observa esta Sala que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente: “Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres. El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de dos mil bolívares (Bs. 2.000) a cinco mil bolívares (Bs. 5.000)”. En atención a la norma ut supra transcrita, se constata que en el presente desistimiento, no se configuran las excepciones por ella previstas, relativas a que los derechos constitucionales denunciados como conculcados sean de eminente orden público o afecten las buenas costumbres; además consta en autos que dichos apoderados tienen otorgada facultad expresa para desistir, tal y como se desprende del poder otorgado por el accionante a los abogados Alejandro Amaral Gómez y Elimar Uribe Jaimes, cursante a los folios 13 y 14 del expediente; estando así satisfecha la exigencia prevista en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, estima esta Sala Constitucional que en efecto procede su homologación y así se declara.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO del procedimiento de amparo constitucional instaurado por el ciudadano ALFREDO ESTEBANEZ DOCE, representado por los abogados Alejandro Amaral Gómez y Elimar Uribe Jaimes, contra el auto dictado, en fecha 1º de marzo de 2000, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acción declarada inadmisible por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de dicha Circunscripción Judicial, en sentencia de fecha 18 de abril de 2000, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines de su archivo. Cúmplase lo ordenado.