Sentencia N° 1242 — Sala Constitucional del TSJ, 30 de septiembre de 2009

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por Mauricio López contra la sentencia del Juzgado Sexto Superior del Trabajo, que había declarado sin lugar el recurso de apelación y confirmado el desistimiento de la acción por cobro de prestaciones sociales. La Sala argumentó que la acción de amparo no es un medio para revisar errores de juzgamiento de los tribunales inferiores, sino para proteger derechos y garantías constitucionales. En este caso, no se evidenció violación a derechos constitucionales, ya que el Juzgado de alzada actuó dentro de sus competencias y no se configuraron los requisitos de procedencia del amparo.

La presente acción de amparo constitucional fue ejercida contra la decisión del 20 de noviembre de 2008, dictada por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia dictada el 13 de agosto de 2008 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual declaró desistida la acción por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano Mauricio López contra la sociedad mercantil Talleres Picapiedra, C.A. Ahora bien, vistos los términos en que fue planteada la presente acción de amparo esta Sala juzga que el hoy accionante pretende, con el ejercicio de la misma, que se revisen los errores de juzgamiento cometidos por el referido Juzgado Superior y entre a analizar lo que ya fue decidido por los tribunales de instancia. Al respecto, debe esta Sala reiterar que la acción de amparo está destinada exclusivamente a la protección de derechos y garantías constitucionales y no constituye una tercera instancia en la que puedan replantearse los asuntos y argumentos analizados y valorados por los tribunales de la causa, o invocarse los errores de juzgamiento en que pudieran haber incurrido los órganos jurisdiccionales. En este sentido, mediante decisión del 27 de julio de 2000 (Caso: Seguros Corporativos, SEGUCORP, C.A. y Agropecuaria Alfil S.A.), esta Sala señaló lo siguiente: “(…) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales…”.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo interpuesta por la abogada Rosa Marina Quintero Castro, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano MAURICIO LÓPEZ, contra la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2008 por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.