Sentencia N° 1240 Constitucional TSJ 2000: Nohelia Coromoto Sánchez Brett vs Juzgado Segundo de Primera Instancia del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma el fallo del Juzgado Superior Tercero del Trabajo que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por Nohelia Coromoto Sánchez Brett. La acción de amparo fue presentada contra un auto del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo que suspendió un proceso por noventa días, alegando violaciones a derechos constitucionales. La Sala argumenta que el auto impugnado se ajustó a la normativa vigente y que la notificación al Procurador General de la República es obligatoria en estos casos, lo que justifica la suspensión del proceso.

El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dispone lo siguiente: “Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales de la República. Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas de copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. El Procurador General de la República deberá contestarlas en un término de noventa (90) días, vencidos el cual se tendrá por notificado. La falta de notificación será causal de reposición a instancia del Procurador General de la República”. La norma transcrita establece la obligación de los funcionarios judiciales de notificar al Procurador General de la República de cualquier demanda interpuesta que afecte directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la República. Dicha norma es expresión de las prerrogativas jurisdiccionales que posee la República en lo que respecta a los juicios en los que se afectan sus intereses patrimoniales. Sin embargo, la norma citada no sólo se refiere a los intereses patrimoniales directos de la República en sí misma. Es decir, dicha norma no sólo se relaciona con aquellas demandas, oposiciones, excepciones, providencias, sentencias o solicitudes de cualquier naturaleza contra la personalidad jurídica de la República, sino que igualmente la norma está referida a los organismos descentralizados funcionalmente.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo dictado por el a quo mediante el cual se declara sin lugar la acción de amparo ejercida por la ciudadana NOHELIA COROMOTO SÁNCHEZ BRETT contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas por haber dictado el auto de fecha 1º de marzo de 2000. Publíquese y regístrese. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado Superior Tercero de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.