Sentencia N° 124 Constitucional TSJ 2000: Hermann Vásquez Flores, Luis Eduardo Capriles… vs Instituto Nacional de Hiprodomos

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo, que declaró la nulidad del auto y mandamiento de ejecución dictados por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo. La acción de amparo fue interpuesta por abogados actuando en representación del Instituto Nacional de Hipódromos, quienes alegaron violaciones a derechos constitucionales en el proceso de ejecución de sentencia. La Sala concluye que el auto de ejecución es nulo, reafirmando la necesidad de seguir el procedimiento adecuado para la ejecución de sentencias contra entes públicos.

Realizadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta de ley planteada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sobre la sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional en fecha 10 de septiembre de 1999, resumida en la parte II del presente fallo y, para ello, comienza por dilucidar lo relativo a la competencia de éste órgano jurisdiccional para conocer de la referida consulta y, al respecto, observa: Esta Sala Constitucional ha señalado en anterior oportunidad, que la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial el día 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 10 de septiembre de 1999 por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Hermann Vásquez Flores, actuando con el carácter de abogado sustituto del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, y por los abogados Luis Eduardo Capriles Echeverría y Carlos Reyes Monserrat, actuando con el carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE HIPRODOMOS, contra el auto y mandamiento de ejecución emanado del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictados en fecha 5 de agosto de 1999. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas a los fines legales consiguientes.