Sentencia N° 1238 Constitucional TSJ 2000: Universidad DEL Zulia vs Rafael De Biase Mancini y Deltaven S.A.

La Universidad del Zulia interpuso una acción de amparo constitucional contra una medida cautelar dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, que afectaba su derecho de propiedad sobre un terreno. La Sala Constitucional admitió la acción, considerando que la medida cautelar violaba derechos fundamentales de la Universidad, ya que esta no había sido parte en el proceso original. La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger el derecho de propiedad y el debido proceso, permitiendo que la Universidad pueda ejercer sus derechos sobre el terreno y la estación de servicio construida en él.

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse sobre su competencia para conocer de la acción de amparo constitucional incoada por la Universidad del Zulia contra la decisión de fecha 28 de mayo de 1999 emanada del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando dentro su competencia en el área civil, y en tal sentido reiterando los criterios sostenidos en las sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja) se considera competente para conocer de la presente causa y así se declara. Una vez establecida la competencia, debe determinarse su admisibilidad y a tal efecto, esta Sala estima que: a) no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir, el que ha cesado la violación de los derechos denunciados como conculcados; b) la presunta violación es inmediata, posible y realizable por la decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital; c) la violación denunciada constituye una situación reparable; d) no ha habido consentimiento expreso o tácito por el presunto agraviado; e) la parte accionante no ha hecho uso de los recursos ordinarios o de los medios judiciales preexistentes; f) la sentencia contra la cual se ejerce la presente acción, no ha sido dictada por este Tribunal Supremo de Justicia; g) no está pendiente de decisión ante otro tribunal una acción de amparo con relación a los mismos hechos en que se fundamenta la acción propuesta. En virtud de lo anterior, esta Sala observa que la presente acción no incurre en ningún supuesto de inadmisibilidad contenido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

1.- Se ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Jesús Eduardo López y Douglas Rafael Rodríguez, actuando como apoderados judiciales de la UNIVERSIDAD DEL ZULIA contra la decisión dictada el 28 de mayo de 1999, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- Se ORDENA la notificación del Juez Titular o encargado del referido Juzgado Superior, a fin de que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos la última de las notificaciones a que se refiere este auto, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Igualmente se ordena remitir al notificado copias certificadas tanto de la presente decisión, como del escrito contentivo de la acción, adjuntos a la notificación antes ordenada. 3.- Se ORDENA al Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital notificar de este amparo, a fin de que tomen conocimiento de su existencia y procedan según sus conveniencias, al ciudadano Rafael De Biase Mancini y a la empresa Deltaven S.A., quienes fueron parte en el proceso. Dicho Juzgado debe dar cuenta de lo antes ordenado, de inmediato a esta Sala. 4.- Los accionantes deberán consignar, a más tardar en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral, copia certificada de la sentencia impugnada, y la falta de consignación de la misma, dará lugar a la declaratoria de inadmisibilidad del amparo interpuesto. Igualmente, notifíquese al Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.