Sentencia N° 1237 Constitucional TSJ 2001: María Yolanda Tori de Granadillo vs Ministerio del Interior y Justicia

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la demanda de amparo constitucional interpuesta por María Yolanda Tori de Granadillo contra el acto administrativo del Ministerio del Interior y Justicia. La demandante alegó violaciones a sus derechos a la jubilación y a la tutela judicial efectiva, debido a un acto administrativo que la transfirió de cargo. La Sala concluyó que el amparo no es la vía idónea para ordenar el cumplimiento de un fallo judicial firme, exhortando al Tribunal de Carrera Administrativa a hacer cumplir su sentencia anterior.

En la oportunidad para decidir la presente solicitud de amparo constitucional, se observa que la misma fue intentada por la abogada María Yolanda Tori de Granadillo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución n° 675 del 12 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial n° 37.037 del 15 de septiembre de 2000, a través de la cual fue transferida de un cargo de Registrador Mercantil a un cargo de Notario Público, con lo cual –a su decir– se configura de manera expresa el desacato a una orden judicial en que venía incurriendo el Ministerio de Interior y Justicia, al no cumplir con lo ordenado en la sentencia definitivamente firme dictada el 23 de febrero de 1999, por el Tribunal de Carrera Administrativa que reconoció su derecho a la jubilación y ordenó su tramitación inmediata, así como también se ordenó el pago de las prestaciones sociales. En este sentido, denunció la violación de sus derechos constitucionales a la jubilación y a la tutela judicial efectiva. Del escrito contentivo de la demanda de amparo se desprende que la solicitante pretende que, a través de esta especial vía, se revoque el mencionado acto administrativo, por el cual fue transferida del cargo de Registradora Mercantil a un cargo de Notario Público, así como también solicita: “...EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME dictada por el Tribunal de Carrera Administrativa en fecha 23 de febrero de 1.999 y que declara el derecho a la jubilación de MARIA YOLANDA TORI de GRANADILLO, ordenando su tramitación conforme a los términos expuestos en la propia sentencia y el pago de las prestaciones sociales...”. Para decidir la Sala estima necesario determinar si el amparo constitucional es la vía idónea para ordenar el cumplimiento de un fallo definitivamente firme, y al respecto observa: El artículo 523 del Código de Procedimiento Civil señala que: “La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia...”. En el presente caso, el Tribunal de Carrera Administrativa ordenó la tramitación de la jubilación de la hoy solicitante, así como el pago de las prestaciones sociales y, posteriormente, el 6 de mayo de 1999, a petición de la representación de la ciudadana María Yolanda Tori de Granadillo, se libró Decreto de Ejecución del fallo. En vista de la omisión por parte del Ministerio de Interior y Justicia de dar cumplimiento voluntario al dispositivo del fallo, se solicitó la ejecución forzosa del mismo, y fue entonces cuando tuvo lugar el acto administrativo cuya revocatoria se solicita a través del presente amparo.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo constitucional ejercida por los abogados Fulvio Ávila Herrera y Vinicio Ávila Rodríguez, actuando en representación de la ciudadana MARÍA YOLANDA TORI DE GRANADILLO, contra el acto administrativo dictado por el ciudadano Ministro del Interior y Justicia contenido en la Resolución N° 675 del 12 de septiembre de 2000, y publicada en Gaceta Oficial N° 37.037 del 15 del mismo mes y año, así como contra el incumplimiento por parte del referido Ministerio, de lo ordenado en la sentencia dictada el 23 de febrero de 1999 por el Tribunal de Carrera Administrativa. En consecuencia, se revoca la medida cautelar dictada por esta Sala en sentencia del 6 de abril de 2001.