Sentencia N° 1236 Constitucional TSJ 2000: Abdel Carrillo Lujan vs Ministro de Educación y el Director General…

La Sala Constitucional se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Abdel Carrillo Luján contra el Ministro de Educación y el Director General Sectorial de Personal, alegando violación del derecho de petición. La Sala declaró inadmisible la acción, argumentando que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y que la acción de amparo no puede ser utilizada para crear derechos, como el de jubilación solicitado por el demandante.

En primer lugar, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta contra el Ministro de Educación y el Director General Sectorial de Personal de dicho Ministerio y como se trata de una acción incoada, según señala el accionante, contra el Ministro como uno de los agraviantes, reiterando el criterio sostenido en la sentencia del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán) sobre el conocimiento directo, en única instancia de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala se considera competente para decidir y así se declara. Pasa ahora a examinar los hechos y encuentra que, en este caso, y pese a que el denunciante así lo señala en su escrito de corrección del amparo, no se trata del Ministro como ente agraviante o, por lo menos, la solicitud no señala ningún acto que pueda considerarse proveniente del Ministro que viole algún derecho constitucional y que haga procedente la acción de amparo que pudiera intentarse contra él. Por otra parte, cuando la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, solicitó la aclaratoria por parte del accionante, el escrito presentado por el mismo no cumplió con el mandato del Tribunal, ya que varía sustancialmente su primera petición, agrega al Ministro de Educación, como uno de los agraviantes, sin indicar cuál era la actuación de éste que le violaba sus derechos constitucionales, y contraviniendo lo dicho en el primer escrito de que se le había violado su derecho de petición, y razón por la cual intentaba la acción, en el escrito de corrección, solicita que se le otorgue mediante el ejercicio de la acción de amparo, la jubilación que le corresponde. Es evidente que tal solicitud no es procedente, por cuanto: 1.- No llenó los requisitos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; 2.- Pero además la acción de amparo es un medio judicial restablecedor, cuya misión es la de restituir la situación infringida, es decir debe poner de nuevo al solicitante en el goce de los derechos constitucionales que le han sido menoscabados, pero en ningún momento es creadora de derechos, por lo que mal podría esta acción llevar al otorgamiento de una pensión de jubilación, para con ello restablecer la situación que ha supuestamente violado los derechos constitucionales que denuncia el accionante, como indica en el escrito de corrección que le solicitó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano ABDEL CARRILLO LUJAN contra el Ministro de Educación y el Director General Sectorial de Personal del Ministerio de Educación. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.