Sentencia N° 1234 Constitucional TSJ 2001: Yiris J. Semerene — Prescripción Adquisitiva

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Yiris J. Semerene, en representación de varios ciudadanos, contra una sentencia del Juzgado Superior Tercero que había declarado con lugar una demanda de prescripción adquisitiva. La Sala consideró que el fallo impugnado violó derechos constitucionales al no citar al Fisco Nacional, lo que llevó a la anulación de todo lo actuado en ambas instancias y a la orden de abrir un proceso de herencia yacente.

La legitimación activa del accionante en amparo, viene determinada porque en su situación jurídica exista la amenaza o la posibilidad de que se consolide un daño irreparable, proveniente de una infracción de naturaleza constitucional, por lo que pretende se enerve la amenaza, o se le restablezca la situación jurídica infringida. Lo importante es que el accionante pueda verse perjudicado en su situación jurídica por la infracción de derechos o garantías constitucionales que invoca, lo que le permite incoar una pretensión de amparo contra el supuesto infractor, sin diferenciar la ley, en principio, si los derechos infringidos son derechos o garantías propios del accionante o de terceros, así estos últimos no reclamen la infracción. A juicio de esta Sala, la legitimación del accionante en amparo nace del hecho de que su situación jurídica, se haya visto amenazada o menoscabada por una infracción de naturaleza constitucional, la cual puede ser directamente contra sus derechos o garantías constitucionales, o indirectamente, cuando afecta los derechos constitucionales de otro, pero cuya infracción incide directamente sobre una situación jurídica.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Yiris J. Semerene, apoderado judicial de los ciudadanos Juan Pablo Díaz Domínguez, Luis Enrique Freites Valderrama, Juana Cristina Romero de Tejada, Idelfonso Arcia García, Manuel Lourdes Fernández y María Vívian Díaz de Fernández, contra sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de febrero de 2000. En consecuencia, se anula todo lo actuado en ambas instancias, esto es, tanto en primera instancia, como en el Juzgado Superior Tercero, al estado de nueva admisión de la demanda, teniendo en cuenta que conforme al artículo 1061 del Código Civil Venezolano debe abrirse el proceso de herencia yacente, lo que significa que se nombrará un curador de dicha herencia, con quien se entenderá la citación en el proceso de prescripción adquisitiva conjuntamente con las otras personas que deben ser llamadas a dicho juicio, previo cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de dicha demanda de prescripción adquisitiva.