Sentencia N° 1231 Constitucional TSJ 2000: Antonio Gonzalez Romero — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional presentada por los abogados Rafael Aguiar Guevara y Juan José Fernández Prieto en representación de Antonio González Romero, en contra de la omisión de pronunciamiento del Juzgado Primero de Primera Instancia. La Sala declaró inadmisible la acción de amparo, argumentando que no coexiste con ningún medio procesal y que fue presentada ante un tribunal incompetente. Sin embargo, la Sala reitera la doctrina sobre el amparo sobrevenido y decide revocar la sentencia del Juzgado Superior, remitiendo el caso para que se pronuncie sobre la admisión de la acción de amparo.

Corresponde a esta Sala pronunciarse en torno a la consulta de una decisión emanada de un Juzgado Superior por la cual declaró inadmisible una acción de amparo constitucional, calificada de sobrevenida, contra omisión de pronunciamiento de un juzgado de inferior jerarquía. Por el hecho de haber sido calificada como sobrevenida la acción de amparo constitucional objeto de la presente decisión y proviniendo la supuesta lesión constitucional del juez de la causa principal, debe esta Sala reiterar la doctrina sentada en su decisión de fecha 20 de enero de 2000, caso Emery Mata Millán, mediante la cual precisó que el llamado amparo sobrevenido sería decidido por el mismo tribunal que esté conociendo la causa quien lo tramitará por cuaderno separado, cuando las violaciones constitucionales provengan de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces; en cambio, conocerá de ella el juez competente superior cuando la violación provenga del juez que conoce la causa principal. Con la doctrina sentada por esta Sala respecto al amparo sobrevenido, se quiso cumplir con los principios de seguridad jurídica y de unidad del proceso, al evitar que fuese el mismo juez que conociera de la causa principal el que decidiera, a su vez, una acción de amparo constitucional por actos a él imputados, así como evitar que fuese un juez distinto al que conociere de la causa el que decidiese una acción de amparo cuando las violaciones se imputaran a sujetos distintos al juez de la causa.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: Se REVOCA la sentencia del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas de fecha 22 de marzo de 2000, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Rafael Aguiar Guevara y Juan José Fernández Prieto, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano ANTONIO GONZALEZ ROMERO, contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, y en consecuencia se REMITEN las actuaciones a los fines de que sea el mismo Juzgado Superior Séptimo el que se pronuncie sobre la admisibilidad o no de la acción de amparo constitucional en los términos supra indicados.