Sentencia N° 1223 Constitucional TSJ 2001: Banco Confederado, S.A. vs Manuel Antonio Rubio Montenegro, Susana Reyes…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el Banco Confederado, S.A. La acción se fundamentó en la violación del derecho al debido proceso, ya que el Juzgado Segundo de Primera Instancia no observó lo establecido en el Código de Procedimiento Civil respecto a la falta de oposición de los intimados, lo que debió llevar a considerar el decreto de intimación como una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

En el presente caso se somete al conocimiento de esta Sala la consulta de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada por los apoderados judiciales del Banco Confederado, S.A., contra la sentencia del 19 de enero de 2001, emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, por considerar que violó el derecho al debido proceso del accionante. Ahora bien, el procedimiento que dio origen a la acción de amparo constitucional, se inició por demanda que interpuso la referida sociedad mercantil por cobro de bolívares contra los ciudadanos Manuel Antonio Rubio Montenegro, Susana Reyes de Rubio y a Nelson Levy Pirela Riverol, para lo cual se siguió el procedimiento por intimación consagrado en los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el cual ordenó la intimación de los demandados, para que apercibidos de ejecución, pagaran las sumas adeudadas, o en su defecto hicieran la oposición en el lapso correspondiente, y al no hacerlo así, el demandante solicitó la ejecución del decreto de intimación, en virtud de lo cual se produjo la sentencia accionada que declaró con lugar la acción intimatoria, condenó a los demandados a pagar las sumas adeudadas conforme al libelo de demanda y ordenó notificar a las partes. Al respecto la Sala observa, que el procedimiento por intimación, trata de lograr de una forma rápida la creación de un título ejecutivo, puesto que, una vez intimado el pago al demandado, la falta de oposición formal de éste dentro del plazo establecido, hace adquirir al decreto de intimación fuerza ejecutiva con autoridad de cosa juzgada, lo que permite que se proceda al embargo y apremio de los bienes del intimado, procediéndose sin más a los trámites de su ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “si el intimado o el defensor en su caso, no formulare oposición dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

CONFIRMA la sentencia dictada el 21 de marzo de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Gonzalo Oliveros Navarro, actuando en su carácter de apoderado judicial del BANCO CONFEDERADO, S.A., contra el fallo dictado el 19 de enero de 2001, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.