Sentencia N° 1223 Constitucional TSJ 2000: Dalia Manzanilla vs Wendy Morela Terán Chirinos — Declaración de terminado el…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por Dalia Manzanilla en representación de Wendy Morela Terán Chirinos, contra una sentencia de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia. La acción se basó en la presunta violación de derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa. Sin embargo, tras la falta de comparecencia de la demandante y el Ministerio Público en la audiencia fijada, la Sala decidió declarar terminado el procedimiento, argumentando que la sentencia denunciada no afectaba derechos de orden público.

Visto que en sentencia de esta misma Sala, de fecha 1º de febrero de 2000 (caso José Amando Mejía. Sentencia nº 07), se determinó que “(...) la falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegado afectan el orden público (...)”; ello en razón de la importancia que reviste la audiencia constitucional en la cual se plasman las características esenciales del juicio de amparo, como son la oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad y ausencia de formalismos, consagrados en el artículo 27 de la Carta Magna y habiéndose constatado del estudio pormenorizado que se ha realizado del escrito contentivo de la solicitud de amparo, que la sentencia denunciada como lesiva no afecta derechos o garantías de eminente orden público, debe declararse por tanto terminado el procedimiento, y así se declara.

Por todo lo precedentemente expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO de acción de amparo, instaurado por la abogada Dalia Manzanilla, actuando en su carácter de defensora de la ciudadana WENDY MORELA TERÁN CHIRINIOS, contra la sentencia dictada por la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 28 de septiembre de 1999, alegando la presunta violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.