Sentencia N° 122 Constitucional TSJ 2001: Antonio Barboza Rivas vs Sociedad Mercantil SEAUTO LA CASTELLANA, C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio Barboza Rivas, en representación de la Sociedad Mercantil SEAUTO LA CASTELLANA, C.A., contra una medida de embargo dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia. La Sala confirmó la decisión del Juzgado que declaró 'SIN LUGAR por INADMISIBLE' la acción de amparo, argumentando que los hechos alegados como violatorios de derechos constitucionales podían ser revisados por vías ordinarias de impugnación, y que el uso del amparo no era procedente en este caso. La Sala destacó que la parte accionante no había agotado las vías ordinarias para impugnar la medida de embargo, lo que hacía improcedente la acción de amparo. Se enfatizó que el amparo no puede ser utilizado como un recurso para eludir los procedimientos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico, y que la acción de amparo es extraordinaria y debe ser utilizada en situaciones donde no existan otros recursos disponibles para reparar la lesión alegada. Finalmente, la Sala reafirmó su competencia para conocer de la consulta y determinó que la inadmisibilidad de la acción de amparo era la decisión correcta, aunque consideró que la decisión del Juzgado debía ser modificada para reflejar únicamente la inadmisibilidad sin referirse a la improcedencia.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la sentencia consultada, para lo cual previamente debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa: En sentencias de fechas 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán, expediente No. 00-0002) y 20 diciembre de 2000 (caso Yoslena Chanchemire Bastardo, expediente 00-0779), esta Sala ha establecido que le corresponde conocer y decidir las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que decidan acciones de amparo en primera instancia. De acuerdo a lo expresado, se colige que la decisión sometida a consulta emana de un Tribunal Superior con competencia en lo civil, el cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido contra la decisión emanada de un inferior jerárquico, motivo por el cual esta Sala Constitucional, coherente con el criterio establecido en los fallos antes mencionados, se declara competente para conocer de la presente consulta, y así se decide. Precisado lo anterior, esta Sala pasa a determinar lo referente a la consulta planteada, y al respecto observa que lo infinito que las situaciones jurídicas puedan ser, la lesión de las mismas y su posibilidad de ser irreparables, es casuística. De manera que, la determinación de la necesidad del otorgamiento del amparo aun cuando existan otras vías, recae en el ámbito de la más amplia apreciación del Juez, puesto que pueden existir otras acciones o recursos, pero si se trata de impedir un daño irreparable, sólo la brevedad del amparo puede garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Ahora bien, cuando se puede acudir a la vía procesal ordinaria, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente el trámite o el medio procesal ordinario, la vía para reparar la lesión y no la acción de amparo, pues, no habría posibilidad de interponer la acción de amparo si hubiese prevista otra acción o un recurso para dilucidar la misma cuestión y lograr el restablecimiento inmediato de la situación violentada. En este sentido, es oportuno señalar el criterio sostenido en la sentencia de fecha 28 de julio de 2000 dictada en el caso LUIS ALBERTO BACA, expediente 00-0529, al disponer: “Observa la Sala, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello. Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica. Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procesales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se podía restablecer la situación jurídica infringida antes que ella se haga irreparable”.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 06 de noviembre de 2000, salvo por lo que se refiere a la estimación relativa a su improcedencia. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente.