Sentencia N° 1219 Constitucional TSJ 2001: Abogada Laura Serrano vs Administradora Caric, C.A. — La inadmisibilidad de la acción…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar con lugar la apelación interpuesta por la Abogada Laura Serrano, actuando como apoderada judicial de la sociedad mercantil ASESORES DE SEGUROS ASEGURE S.A., contra la sentencia que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional. La Sala argumentó que la sentencia apelada incurrió en incongruencias y errores de interpretación, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Se ordenó la nulidad de la sentencia de fecha 20 de noviembre de 1998 y su aclaratoria, y se instruyó al tribunal de primera instancia a dictar una nueva decisión.

La sentencia apelada declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo, sustentada en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Al respecto, en razón de las circunstancias del caso y de los alegatos en que se sustenta la acción, es necesario, en primer término, delimitar el concepto de orden público y, en segundo lugar, examinar los motivos de hecho y de derecho en los que funda su decisión el sentenciador que conoció en primera instancia de la presente acción de amparo. Dicho lo anterior, se procede a la precisión del alcance del concepto de orden público, en el escenario de las circunstancias relevantes del caso, con lo cual de ningún modo se pretende sentar un criterio absoluto ni definitivo. Así, la doctrina patria lo define de la siguiente forma: 'El orden público es el entretejido que une a los miembros de una sociedad humana con el fin de mantener el orden social. Ese entretejido está constituido por una serie de valores políticos, sociales, económicos y morales, los cuales son esenciales para mantener la tutela del Estado sobre sus ciudadanos. Por tal razón forma parte de la estructura del Estado, y, como tal, no puede ni debe ser transgredido, y el hacerlo trae como consecuencia la obligación del Estado de restablecerlo, aun oficiosamente y aunque nadie se lo pida.' La Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, refiriéndose al orden público procesal y siguiendo lo expuesto por el procesalista Betti, señaló lo siguiente: '...el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada.' A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o de las autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento.

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la Abogada Laura Serrano, actuando como apoderada judicial de la Sociedad Mercantil ASESORES DE SEGUROS ASEGURE S.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 26 de enero de 2000, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por dicha sociedad mercantil contra la sentencia dictada en fecha 20 de noviembre de 1998 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, e igualmente contra su aclaratoria, de fecha 30 de noviembre de 1998. Dicha acción, en tal virtud, se declara igualmente CON LUGAR. En consecuencia, se decreta la NULIDAD de la sentencia de fecha 20 de noviembre de 1998, y su aclaratoria de fecha 30 de noviembre de 1998, dictadas ambas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por cumplimiento de contrato de arrendamiento interpusiera la sociedad mercantil ADMINISTRADORA CARIC, C.A. en contra de la accionante, por tanto, se ordena al referido tribunal de primera instancia dictar nueva decisión, una vez efectuado el trámite respectivo del amparo.