Sentencia N° 1218 Constitucional TSJ 2000: Caja de Ahorros y Previsión Social de LOS… vs Superintendencia de Cajas de Ahorro del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. La Sala argumenta que no se evidencian elementos que demuestren la intención de la Superintendencia de Cajas de Ahorro de intervenir la entidad, considerando que las inspecciones realizadas son parte de su función de control y supervisión.

La accionante recurrió en apelación contra la sentencia denegatoria de la pretensión de amparo que, en fecha 14 de febrero de 2000, dictara la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por estimar que no existían en autos elementos demostrativos de la intención, atribuida a la Superintendencia de Cajas de Ahorros del Ministerio de Finanzas, de intervenir la CAJA DE AHORROS Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, ya que los hechos señalados como indicios de dicha intención, y de la amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales, cuales fueron las inspecciones practicadas en el ente accionante, no constituyeron más que actos integrantes del quehacer normal del presunto agraviante, en ejercicio de sus potestades de control y supervisión, de conformidad con la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Ahora bien, la Sala observa que la accionante vinculó e hizo depender, del acto de intervención, la violación o amenaza de violación de sus derechos y garantías constitucionales; y que, del mismo modo, vinculó e hizo depender, de la amenaza de intervención, la violación o amenaza de violación de tales derechos y garantías. Pero es el caso que el acto de intervención no constituye, por sí mismo, un hecho lesivo de derechos y garantías constitucionales; a fortiori, la amenaza de intervención no constituye, por sí misma, amenaza de violación de tales derechos y garantías. Si a ello se agregan las razones expuestas por el a quo, en lo que concierne a la naturaleza de las inspecciones practicadas por el presunto agraviante, así como a la falta de elementos demostrativos de su intención, razones que esta Sala comparte, cabe establecer que, en el caso de autos, la pretensión de la accionante es manifiestamente infundada. Así se declara.

CONFIRMA la sentencia dictada, en fecha 14 de febrero de 2000, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, denegatoria de la acción de amparo constitucional ejercida por la CAJA DE AHORROS Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, contra la Superintendencia de Cajas de Ahorros del Ministerio de Finanzas.