Sentencia N° 1216 — Sala Constitucional del TSJ, 16 de junio de 2006

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un oficio relacionado con una acción de amparo constitucional presentada por Consuelo Arias, a través de su abogado Luis Edmundo Arias, contra una medida de prohibición de enajenar y gravar bienes dictada en 1958. La acción fue declarada improcedente por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, lo que motivó la apelación. La Sala, al revisar el caso, consideró necesario ordenar al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito que informe sobre la causa seguida contra varios ciudadanos por presunto enriquecimiento ilícito.

La presente acción de amparo constitucional se encuentra dirigida contra la decisión del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Primera Circunscripción Judicial, hoy Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que decretó medida de prohibición de enajenar y gravar contra los bienes del ciudadano José Luis Villasmil, el cual no se encuentra identificado en autos con número de cédula de identidad. En tal sentido, adujo la quejosa que el 7 de abril de 2005 le fue expedida por el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda certificación de gravamen sobre el inmueble constituido por una parcela de terreno ubicada en la calle “C” de la zona “G” de la Urbanización Caurimare, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, el cual perteneció a su difunto esposo el ciudadano José Luis Villasmil Harris, en efecto, adujo que siendo la oportunidad fijada para celebrar el contrato de compra-venta, le fue informado por la referida Registradora que sobre el inmueble en cuestión pesaba una medida de prohibición de enajenar y gravar decretada el 28 de agosto de 1958 por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Primera Circunscripción Judicial, motivo por el cual no pudo llevarse a cabo la venta pactada. Asimismo, señaló que ante la negativa de la Registradora Subalterna del Segundo Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, se dirigió al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de constatar si ante el referido tribunal cursa o cursó la causa en cuestión, la cual -presuntamente- desconocía la quejosa, no pudiendo ser posible su localización, en virtud del tiempo transcurrido.

ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que informe en el término de cinco (5) días calendarios siguientes a la recepción de dicho oficio, todo lo relativo a la ubicación, número de expediente y el estado en el cual se encuentra la causa seguida contra los ciudadanos José Luis Villasmil, Jorge Morrison, Enrique Pérez Vivas, Francisco Pérez Jiménez, Carlos Julio Páez, José Semidey Reyes, Mario Urdaneta y otros, por motivo de presunto enriquecimiento ilícito, ante el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Primera Circunscripción Judicial.