Sentencia N° 1216 Constitucional TSJ 2001: Marisol Villa Urdaneta, María Justina… vs Morel Rodríguez Avila

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un oficio relacionado con una apelación interpuesta por el Gobernador del Estado Nueva Esparta contra una decisión que declaró con lugar una acción de amparo constitucional. La acción fue presentada por ciudadanos que alegaron violaciones a sus derechos laborales debido a un acto administrativo que prohibía la operación de su empresa. La Sala, tras analizar la competencia del tribunal que dictó la sentencia apelada, determinó que había actuado de manera incorrecta al asumir el conocimiento del caso, dado que existían tribunales competentes en la materia. Por lo tanto, se revocó la sentencia y se ordenó la remisión del caso a un tribunal adecuado para su tramitación.

En el presente caso, ha sido sometida a consideración de esta Sala la apelación interpuesta por el apoderado judicial del entonces Gobernador del Estado Nueva Esparta, ciudadano Morel Rodríguez Avila, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada, contra el acto administrativo dictado por su persona como Gobernador de dicho Estado el 13 de junio de 1995, el cual “prohíbe en todo el Territorio Nacional, la fabricación, instalación en lugares públicos, venta y arrendamiento de máquinas de bingo, traganíqueles o tragamonedas, ruleta y cualquier otra cuyo uso se traduzca en pérdida o ganancia de dinero producto de la suerte o el azar que no se encuentren expresamente exceptuadas o permitidas”. En el presente caso, se observa que el Juzgado Superior en lo Civil que conoció de la causa, lo hizo en vista de que en dicha jurisdicción no existen Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual reza de la siguiente manera: “Artículo 9: Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad, quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente”. Ahora bien, el Juzgado Superior interpretando la norma de manera errónea, asumió el conocimiento de la acción de amparo, aun cuando en el Estado Nueva Esparta existen Juzgados de Primera Instancia en lo Civil.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 19 de julio de 1985, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos Marisol Villa Urdaneta, María Justina Barrios y Pastor Díaz Mata, asistidos por el abogado Felipe Rodríguez Villarroel, contra el acto administrativo dictado por el Gobernador de dicho Estado el 13 de junio de 1995, publicado en la misma fecha en la Gaceta Oficial del Estado Nueva Esparta, en número extraordinario, y REPONE la causa al estado de que un Tribunal de Primera Instancia con competencia en lo civil, de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la Asunción, se pronuncie sobre la presente causa, salvo la posibilidad de que la parte actora, si así lo estimare conveniente, solicite a dicho tribunal la remisión de la causa al juzgado que conforme a los principios generales de competencia establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, deba conocer como tribunal de primera instancia, que en el caso de autos es el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.