Sentencia N° 1197 Constitucional TSJ 2001: Carlos Enrique Leiva Arias vs José Antonio Dirita Bencomo — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Enrique Leiva Arias, quien alegaba ser el propietario de un vehículo entregado a José Antonio Dirita Bencomo por un tribunal inferior. La Sala determinó que, aunque no se podía establecer la titularidad del derecho de propiedad en el procedimiento de amparo, era necesario que el vehículo fuera puesto a la orden del Ministerio Público para que se aclarara la situación jurídica del mismo. La decisión del tribunal inferior fue considerada inadecuada debido a la falta de claridad sobre la propiedad del vehículo.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por la Sala Seis de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a que se ha hecho referencia, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa: En sentencia del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), esta Sala estableció que le corresponde conocer y decidir las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que decidan acciones de amparo en primera instancia. En el presente caso, se encuentra sometida a la consulta de ley, una decisión dictada por la referida Sala Seis de la Corte de Apelaciones, quien conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte de un Tribunal inferior jerárquico. Por tales motivos, esta Sala Constitucional, siendo congruente con los criterios establecidos en los fallos antes mencionados, se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se decide. Ahora bien, este Máximo Tribunal observa que la acción de amparo constitucional fue ejercida contra el auto dictado el 12 de noviembre de 1998, por el extinto Tribunal Trigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual ordenó la entrega del vehículo clase autobusete, marca chevrolet, tipo minibús, año 1984, color plateado con franjas azules, capacidad de 24 puestos, serial del motor TEV220618, serial de carrocería CP23TEV220618 y placas 300-217, al ciudadano JOSÉ ANTONIO DIRITA BENCOMO. El accionante sostuvo que el suprimido Tribunal de la causa penal, al entregarle el vehículo al ciudadano JOSÉ ANTONIO DIRITA BENCOMO, aparentemente decidió que dicho ciudadano era su legítimo propietario y por ello, consideró que se vulneró su derecho de propiedad que alegó poseer al haberlo adquirido por compra que del mismo hiciera, pero que el Juzgado prejuzgó sobre “...el fondo del asunto sin determinar la existencia de medios de prueba aportados...”. A tal fin, solicitó que se le declarase “...COMO EL VERDADERO PROPIETARIO DEL VEHÍCULO...” y se le entregase el mismo.

CONFIRMA la sentencia dictada el 28 de diciembre de 2000, por la Sala Seis de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CARLOS ENRIQUE LEIVA ARIAS, titular de la cédula de identidad N° 4.424.795, contra el auto dictado el 12 de noviembre de 1998, por el extinto Tribunal Trigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de esa misma Circunscripción Judicial, el cual ordenó la entrega de un vehículo al ciudadano JOSÉ ANTONIO DIRITA BENCOMO.