Sentencia N° 1193 Constitucional TSJ 2001: José Rosario Niño Casanova vs Giorgio Lizcano — La inadmisibilidad de la acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de ley relacionada con la inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Rosario Niño Casanova en representación de Giorgio Lizcano. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira había declarado inadmisible la acción, argumentando que el demandante había optado por la vía ordinaria al apelar una decisión anterior que negaba una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad. La Sala Constitucional, tras revisar el caso, determinó que la apelación interpuesta por el abogado no había sido sustanciada adecuadamente y que no se evidenciaba el uso del recurso de apelación por parte del accionante. Por lo tanto, se solicitó a la Corte de Apelaciones que remitiera copia certificada del escrito de apelación y su fundamentación para corroborar los motivos que llevaron a la inadmisibilidad de la acción de amparo. Finalmente, la Sala se declaró competente para conocer de la consulta y ordenó la remisión de los documentos solicitados, dejando claro que la decisión de inadmisibilidad se basó en la falta de sustanciación del recurso ordinario.

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta y tuvo como fundamento, lo siguiente: Que la acción de amparo fue propuesta el 14 de diciembre de 2000, ante la Oficina del Alguacilazgo y que el 15 de diciembre la recibió el Juzgado Tercero de Control. Precisó que el 5 de diciembre de 2000, el defensor privado del ciudadano GIORGIO LIZCANO, había apelado de la decisión dictada el 4 de diciembre de 2000, por el Tribunal de Control, el cual negó la solicitud de la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad. Sostuvo, que la apelación ejercida se recibió en esa Corte de Apelaciones el 18 de diciembre de 2000, que se signó el expediente bajo el N° Aa-524-00 y que se asignó la respectiva ponencia, al Juez JOSÉ JOAQUÍN BERMÚDEZ CUBEROS. Señaló igualmente, que con la acción de amparo interpuesta el 14 de diciembre de 2000, el defensor se propuso obtener una decisión anticipada del recurso de apelación, que había sido interpuesto el 5 de diciembre de 2000. En virtud de lo anterior, declaró que como fue solicitada el 30 de noviembre de 2000, por el defensor privado del accionante, la medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad, la cual fue negada, y que habiendo éste apelado de esa decisión, “...el recurso de amparo a la vida solicitando la misma medida cautelar sustitutiva...” es inadmisible, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón a que “...la misma parte había optado por la vía ordinaria que hace inadmisible la extraordinaria del recurso de amparo...”.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la competencia para conocer de la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en los siguientes términos: En sentencia del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), esta Sala estableció que le corresponde conocer y decidir las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que decidan acciones de amparo en primera instancia. En el presente caso, se encuentra sometida a la consulta de ley, una decisión dictada por la referida Corte de Apelaciones, quien conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte de un Tribunal inferior jerárquico que ordenó una reclusión en un Centro Penitenciario. Por tales motivos, esta Sala Constitucional, siendo congruente con los criterios establecidos en los fallos antes mencionados, se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se decide. Ahora bien, observa esta Sala que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, actuando como Tribunal Constitucional, declaró inadmisible la presente acción de amparo, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo su fundamento que el accionante apeló de la decisión dictada el 4 de diciembre por el Tribunal Cuarto de Control, la cual negó la medida cautelar sustitutiva solicitada por la defensa privada del imputado GIORGIO LIZCANO; y, señaló también, que esa apelación fue recibida el 18 de diciembre de 2000 en dicha Corte. En tal sentido, esta Sala advierte que de las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia que el accionante haya hecho uso del recurso de apelación, ni que se haya sustanciado dicho recurso ordinario, datos que sirvieron de fundamento al Tribunal a quo, para que declarase la inadmisibilidad de la presente acción de amparo.