Sentencia N° 1192 Constitucional TSJ 2000: Ingrid Gutiérrez Domínguez vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración…

La Sala Constitucional admitió la acción de amparo constitucional presentada por Ingrid Gutiérrez Domínguez contra la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, alegando violaciones a derechos constitucionales en la aplicación de normas sobre evaluación y concurso de oposición para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial. La accionante argumentó que las normas desatienden derechos adquiridos y someten a un trato inconstitucional a los jueces de carrera que se desempeñan en cargos superiores provisionales.

La Sala considera que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial posee un rango similar a los órganos y funcionarios mencionados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón de que la misma goza de rango constitucional. En consecuencia, la Sala es competente para conocer de la presente acción de amparo, y así se declara. Asimismo, se determina que la acción es admisible, ya que se denuncia la violación de derechos constitucionales relativos a la no discriminación, el derecho al ascenso, el debido proceso y el derecho a ser oído, infringidos por las normas que se aplicarían a todos los jueces que quieran ingresar a la carrera judicial.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por la abogada INGRID GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ. En consecuencia: 1.- Se ORDENA la notificación del presunto agraviante, esto es, la COMISION DE REESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL en la persona de su Presidente, a fin de que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos la última notificación de las personas que se señalan en este fallo, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. La falta de comparecencia a la misma por parte del agraviante, producirá los efectos previstos en el artículo 23 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Igualmente, se ordena remitir copias certificadas tanto de la presente decisión, así como del escrito contentivo de la acción adjunto a la citación antes ordenada. 2.- En vista que la ejecución de la política judicial corresponde para esta fecha a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se ORDENA la notificación de dicha Dirección; en la persona de su Coordinador Manuel Quijada, a fin que comparezca a la audiencia constitucional, que se fijará dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se produzca. 3.- Se ORDENA la notificación del Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 4.- Como en la situación jurídica que afirma la accionante se encuentran otras personas, hasta ahora indeterminadas (jueces que se encuentran en la situación), considera esta Sala que conforme al fallo de ella de 30 de junio de 2000, se está ante una acción que involucra intereses colectivos, y en consecuencia se ordena la notificación de la Defensoría del Pueblo para que concurra al acto. 5.- Se declara IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada.