Sentencia N° 1191 Constitucional TSJ 2000: Johanna M. López Rodríguez vs Emerson Ramón Gil Sanz — Amparo constitucional a favor…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia relacionado con la acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensora Pública Johanna M. López Rodríguez en favor de Emerson Ramón Gil Sanz. La acción se originó tras la detención de Gil Sanz, quien había sido condenado a tres años de prisión, y se alegó que la revocación de las medidas cautelares que le otorgaban libertad fue realizada por un juez incompetente. La Sala decidió que la Corte Superior, Sección de Adolescentes, era competente para conocer de la consulta sobre la acción de amparo.

Como punto previo, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer del referido conflicto de competencia de no conocer y, a tal efecto, observa: Según el artículo 266, numeral 7 de la Constitución de la República es atribución del Tribunal Supremo de Justicia decidir los conflictos de competencia entre Tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico. Por su parte, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que: “Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo, entre Tribunales de Primera Instancia, serán decididos por el Superior respectivo, los trámites serán breves y sin incidencias procesales”. Las normas antes transcritas atribuyen la competencia para resolver los conflictos de competencia originados entre tribunales de primera instancia, al Tribunal Superior respectivo. En el caso de autos, el conflicto de competencia se presenta entre la Sala de Apelación de la Corte Superior, Sección adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, cuyo Tribunal Superior respectivo sería la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal; dado que en esta materia tanto el Código Orgánico Procesal Penal como la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente reconocen tal jerarquía, pero sólo por lo que respecta al conocimiento del recurso de casación. Ahora bien, siendo que esta Sala es la máxima autoridad en materia constitucional, conforme la Novísima Carta Magna y según la sentencia dictada por ella en fecha 20 de enero del año 2000 (caso: Emery Mata Millán, expediente nº 00-002) en la cual, al determinar la competencia en materia de amparo constitucional, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de las Cortes de Apelaciones así como de las apelaciones y consultas sobre las sentencias de las mencionadas Cortes, al no existir -en materia de amparo constitucional- un Tribunal “Superior respectivo” a ambos órganos jurisdiccionales, debe acudirse, por vía analógica, a la norma contenida en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior (...)”. (Subrayado de la Sala). En atención a la norma antes transcrita, y por tratarse en el presente caso, de una acción de amparo constitucional referida a la libertad y seguridad personales, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para conocer sobre el conflicto de competencia suscitado, y así se decide.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara COMPETENTE a la Corte Superior, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cualquiera de sus Salas, para conocer de la consulta ordenada por el Juzgado Cuarto de Control, Sección de Responsabilidad del Adolescente de ese mismo Circuito Judicial Penal contra la sentencia de fecha 6 de julio de 2000, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional, referida a la libertad y seguridad personales, ejercida por la ciudadana Johanna M. López Rodríguez, Defensora Pública Segunda adscrita a la Unidad de Defensa Pública de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando en su carácter de defensora de EMERSON RAMÓN GIL SANZ. En consecuencia, se ordena REMITIR el presente expediente a la señalada Corte Superior, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.