Sentencia N° 1190 Constitucional TSJ 2001: Alberto Jiménez López vs Eduardo Antonio Romero Hernández — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Alberto Jiménez López en defensa de Eduardo Antonio Romero Hernández, contra una decisión de la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar un recurso de apelación. La Sala consideró que la acción de amparo carecía de los presupuestos de procedencia y resultaba improcedente in limine litis, ya que no se evidenció violación de derechos al debido proceso ni a la defensa en la decisión impugnada.

Esta Sala debe previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción, y a tal fin, observa que en sentencias dictadas por esta Sala el 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), la misma se declaró competente para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, al establecer: “...Igualmente corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”. En el caso que nos ocupa, ha sido incoada la acción de amparo constitucional contra una decisión dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que conoció en última instancia de la decisión emanada del Juzgado de Control Nº 3 del mismo Circuito Judicial Penal, motivo por el cual, esta Sala, congruente con los fallos mencionados ut supra, se declara competente para conocer de la presente acción de amparo. Así se decide. Declarado lo anterior, esta Sala observa que el solicitante al accionar en amparo contra la decisión dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, el 19 de febrero de 2001, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el defensor privado penal del ciudadano Eduardo Antonio Romero Hernández, contra la decisión del 26 de enero de 2001, dictada por el Juzgado de Control Nº 3 del mismo Circuito Judicial, alegó, que de acuerdo al procedimiento pautado en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal y en virtud de las pruebas promovidas por la defensa, la referida Corte de Apelaciones ha debido fijar una audiencia oral, “a fin de dirimir el contradictorio surgido en esa instancia, y resolver, al concluir la audiencia respectiva.” Ahora bien, se observa que en el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, se puede constatar que el solicitante sólo ha pretendido impugnar el fondo de la decisión de la Corte de Apelaciones, que le fue adverso, para así, lograr la revisión del criterio de interpretación del Juzgador en su decisión. En efecto, mediante la acción de amparo el quejoso está atacando la valoración del juez de alzada; específicamente, la realizada sobre las pruebas promovidas por la defensa, circunstancias sobre las cuales, en reiteradas oportunidades, la Sala ha establecido, que dicha valoración forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales, supuesto que en el presente caso no se verifica.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado ALBERTO JIMÉNEZ LÓPEZ, actuando con el carácter de defensor privado penal del ciudadano EDUARDO ANTONIO ROMERO HERNÁNDEZ, contra la sentencia dictada el 19 de febrero de 2001, por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.