Sentencia N° 119 Constitucional TSJ 2001: Radames Graterol y Amado Arroyo vs Cámara del Municipio Morán del Estado Lara

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por Radames Graterol y Amado Arroyo contra un acto administrativo de la Cámara del Municipio Morán. Los recurrentes alegaron que dicho acto usurpaba atribuciones del Alcalde y violaba derechos constitucionales, solicitando la nulidad de la decisión de la Cámara Municipal y el restablecimiento del orden constitucional. La Sala, tras analizar la competencia, determinó que no tenía jurisdicción para conocer del caso, ya que el acto impugnado no era de carácter normativo ni se dictó en ejecución directa de la Constitución.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisión del presente recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesto conjuntamente con amparo constitucional, para lo cual previamente debe establecer su competencia para conocer del mismo, y a tal efecto, se observa: El objeto de la presente acción lo constituye “(...) la decisión de la Cámara Municipal de fecha once (11) de febrero de 2000, mediante la cual ordena a CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO y CENTRAL ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, se abstengan de autorizar los cambios de firmas de las cuentas del Instituto (...)”. En tal sentido, y a fin de determinar su competencia para conocer de la acción planteada en autos, esta Sala estima necesario señalar que la Constitución de 1999 diferenció claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de cada competencia en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objeto de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, con respecto a la jurisdicción constitucional, el artículo 334 de la Constitución vigente, establece: “Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”.

PRIMERO: Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por los ciudadanos RADAMES GRATEROL y AMADO ARROYO contra el acto administrativo dictado por la Cámara del Municipio Morán del Estado Lara, en sesión extraordinaria de fecha 11 de febrero de 2000, a través del cual determinó “...que la contraloría del municipio Morán inicie una investigación por vía de auditoria del Instituto Municipal de la Vivienda...” y que se “...oficie a las Entidades Bancarias, que lleven la transacción comercial con INVIMOR para que se abstengan en el cambio de firma solicitado por el Alcalde...”. SEGUNDO: Se INAPLICA, en el caso de autos, el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable el artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contencioso administrativo distintos a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo, la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares) contrarios a Derecho. TERCERO: Que el tribunal COMPETENTE para conocer de la acción de nulidad interpuesta, es el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en consecuencia, se ordena remitir el expediente a dicho tribunal.